Señor Presidente,

1.La Argentina se alinea con la intervención presentada por el Sr. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en nombre del Grupo de los 77 y China.

Señor Presidente,

2. La República Argentina otorga una gran importancia al debate sobre población en el contexto de la agenda de desarrollo sostenible en sus tres aspectos: social, económico y ambiental.  Estamos aquí para renovar y profundizar nuestro compromiso con la implementación del Programa de Acción de El Cairo sobre Población y Desarrollo más allá de 2014 y continuar avanzando en el debate y en la comprensión de las dimensiones poblacionales del desarrollo, desde una perspectiva firmemente basada en los derechos humanos. Los desafíos cambian y la realidad evoluciona, por lo que nuestras políticas, estrategias y normas deben cambiar y evolucionar para mantener su vigencia.  

3. En esta búsqueda, entendemos que la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en 2013, ha tenido una especial importancia porque nos permitió ver cuánto hemos logrado avanzar, en términos de países, en la implementación del Programa de Acción de El Cairo mediante la aplicación de políticas sustantivas y concretas, conformes a nuestras estrategias nacionales propias. El virtuoso proceso de cambio que hemos atravesado los países que integramos la región, en términos políticos, económicos, sociales y culturales desde la celebración de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo en 1994,  se refleja en las numerosas políticas, programas y estrategias desarrolladas con el objetivo de alcanzar la más alta calidad de vida para nuestras poblaciones. El Consenso de Montevideo adoptado en esa oportunidad identifica los desafíos pendientes y nos ofrece una ambiciosa guía para la acción a partir de 2014 en toda la región, basada en una visión centrada en la persona desde una perspectiva de inclusión con ampliación de derechos, que se propone dar respuesta a las justas aspiraciones de los hombres y mujeres de todas las condiciones y de todas las edades en nuestra región, sin discriminación. 

4. Aprovechamos esta oportunidad para dar la bienvenida al informe del Secretario General titulado "Marco de acciones para el seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo más allá del 2014". Argentina fue uno de los países que contribuyó a la encuesta mundial de revisión de la Conferencia de El Cairo más allá del 2014, que brinda información oportuna para evaluar el progreso considerable alcanzado y los desafíos aún pendientes en la ejecución del Programa de Acción.    Comprobamos que los derechos humanos y la igualdad son el eje del enfoque analítico de este Informe y coincidimos en que la inversión en los derechos humanos individuales, el fortalecimiento de las capacidades y el respeto de la dignidad, para todos sin discriminación y durante todo el ciclo de vida, son la base del desarrollo sostenible.

Señor Presidente,

5. A treinta años del retorno de la democracia, Argentina se encuentra en proceso de fortalecimiento de diferentes aspectos de su política de derechos humanos. Las acciones desarrolladas por el Estado argentino desde el año 2003 demuestran nuestra profunda coincidencia con los objetivos del Programa de Acción de la CIPD y el impacto positivo obtenido a través de la cooperación e intercambio de experiencias dentro de este marco. En algunos casos, el gobierno argentino se ha planteado y alcanzado objetivos más exigentes que los fijados internacionalmente. Se han registrado avances significativos en la formulación e implementación de políticas públicas en todas las áreas prioritarias. El escenario actual de la Argentina muestra que ha protagonizado uno de sus más vigorosos procesos de cambio a nivel económico, político, social y cultural. Los resultados de las políticas públicas establecidas en la última década dan testimonio de ese proceso de renovación que, a través de acciones concretas y efectivas, garantizan la inclusión social.

6. Este enfoque aplicado a cada una de las políticas que se desarrollan en los temas clave de la agenda sobre población y desarrollo supone incrementar el acceso a los servicios e información de salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva; afianzar la igualdad de género; empoderar a las mujeres en todas las etapas de su vida; garantizar la participación y el acceso y ejercicio pleno de derechos a las personas adultas mayores, las y los jóvenes y las niñas, niños y adolescentes sin discriminación; reducir las brechas de la desigualdad social; garantizar el acceso a la igualdad y al ejercicio pleno de la ciudadanía a las personas respetando su diversidad e identidad sexual; asegurar el acceso a sus derechos para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás; atender las necesidades de los afrodescendientes, reconociéndolos como actores del desarrollo; reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas; y garantizar el derecho y el bienestar de las personas migrantes.

7. La voluntad política y la determinación de la República Argentina de garantizar en cada decisión el ejercicio pleno de los derechos humanos se realiza sobre la premisa de dotar a las personas para que sean ellas mismas las protagonistas del cambio.  Entre los logros alcanzados por la República Argentina en este camino, pueden señalarse: ´

- La Ley de Migraciones N° 25.871/2004, que representó un cambio paradigmático en la política migratoria argentina, al consagrarse el derecho a migrar, no migrar y retornar así como garantizar el acceso de los migrantes a la educación, la salud y los servicios sociales, con independencia de su situación migratoria.

- La implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por Ley 25.673/2002, que garantizó el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, logrando disminuir brechas de accesibilidad y calidad de la atención;  favoreciendo la toma de decisiones libres de discriminación, coacción o violencia; potenciando la participación femenina en la toma de decisiones que incluyen la planificación familiar; disminuyendo la morbimortalidad maternoinfantil; previendo embarazos no deseados; promoviendo la salud sexual de los adolescentes; y garantizando el acceso a la información sobre métodos y prestaciones de servicios de salud sexual y procreación responsable.

- La ley 26.150/2006 de Educación Sexual Integral, que garantiza el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral y la realización obligatoria de acciones sistemáticas sobre educación sexual en todos los establecimientos educativos públicos, tanto de gestión estatal como privada, desde el nivel inicial hasta el superior.

- La Asignación Universal por Hijo (Decreto 1.602/2009), medida transversal a todas las políticas sociales de incidencia positiva en la educación, la salud y la igualdad de género, que se destaca como una política de Estado que tiene impacto directo en poblaciones en situación de vulnerabilidad.

- Las leyes de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618/2010) y de Identidad de Género (Ley 26.743/2012), dos hitos que promueven y hacen efectiva la igualdad, la no discriminación, el reconocimiento y la restitución de derechos, con pleno respeto de la diversidad.

- La Ley 26364/2008 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, que crea un marco jurídico federal y evita la revictimización de quienes son objeto de trata; así como la Ley 26.485 de “Protección Integral a la Mujer contra la Violencia allí donde ella desarrolle sus Relaciones Interpersonales”.

- Por último, la adopción el año pasado de la Ley 26862/2013 de “Reproducción Médicamente Asistida”, que garantiza el acceso integral a estas prácticas, y la obligación de las obras sociales públicas y privadas, así como la medicina pre-paga, a cubrir sus gastos.

Señor Presidente,

8. Somos conscientes de los retos que aún quedan para poder mejorar la calidad de vida de todos nuestros pueblos, garantizando la igualdad y la equidad. Los resultados de la revisión emprendida por Naciones Unidas nos muestran que, a pesar de importantes avances en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 1994, muchos países aún tienen dificultades en términos de satisfacción de las necesidades básicas, el trabajo decente, el pleno empleo y el acceso a la protección social. Al mismo tiempo existen barreras significativas para que muchas personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. 

9. Los logros alcanzados nos motivan a renovar el compromiso de seguir trabajando en las cuestiones que aún están pendientes. Debemos consolidar los progresos y redoblar los esfuerzos en las áreas que aún presentan dificultad. A nivel regional contamos con el Consenso de Montevideo como marco para apuntalar los avances nacionales desde el paradigma de la igualdad, la inclusión y la equidad, centrado en la persona como titular de derechos, la familia y la comunidad. Para ello es indispensable continuar el diálogo y el trabajo codo a codo con la ciudadanía a través de los distintos actores sociales organizados. 

Señor Presidente,

10. Estamos plenamente comprometidos con la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, tomando en cuenta el resultado de la revisión regional y las conclusiones y recomendaciones más allá del 2014.  Entendemos que esta perspectiva de población y desarrollo aporta elementos que son indispensables para el desarrollo sostenible y que deben incorporarse a la Agenda de Desarrollo post 2015, sobre la base de los acuerdos alcanzados en el marco del Grupo de Trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más allá de la estructura que adopte, la agenda de desarrollo que se negociará durante esta Asamblea General debe reflejar una visión de desarrollo con inclusión, basada en los derechos humanos y privilegiando el desarrollo humano por sobre las fórmulas macroeconómicas. En esta nueva agenda, las cuestiones vinculadas al Programa de Acción de El Cairo y el enfoque de derechos deben conservar su centralidad.

11. Experiencias como la argentina demuestran claramente y en los hechos que el camino de la  privatización  de la política social es una opción política y no una necesidad real.   Hemos elegido apostar a nuestras sociedades, apostar a seguir forjando un modelo de desarrollo económico, político y social con un Estado presente, activo y comprometido con el mejoramiento de nuestra realidad, articulados en la búsqueda de soluciones en foros abiertos, transparentes y democráticos, como el que nos ofrece esta Asamblea General de Naciones Unidas.

Muchas gracias