Señora Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Embajadora Simona Mirela Miculescu, Autoridades Presentes, Invitados Especiales, Distinguidos Delegados, Señoras y Señores,
Como aporte de la República Argentina al tema principal de la Comisión de Desarrollo Social Reconsiderar y fortalecer el desarrollo social en el mundo contemporáneo, deseamos compartir los avances logrados a lo largo de la última década.
Para nuestro país el tema que nos convoca ha sido uno de los ejes clave
en el modelo de desarrollo con inclusión aplicado por nuestro gobierno, a través de
políticas centradas en las personas, las familias y sus derechos.
En línea con la visión de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, que considera a las
políticas sociales como un objetivo tanto como un proceso, las políticas desarrolladas
por la República Argentina buscan promover el progreso social, la justicia y el mejoramiento de la condición humana, subordinando el crecimiento económico al bienestar de nuestro pueblo.
La República Argentina viene implementando diversas políticas públicas y ha avanzado sustancialmente en materia legislativa, con el objetivo de lograr una mayor integración y cohesión social. El esfuerzo estatal en torno al desarrollo de políticas destinadas a los niños, niñas y adolescentes, la juventud, los adultos mayores, las personas con discapacidad, la mujer, los pueblos indígenas y a la generación de trabajo decente, en miras del objetivo del pleno empleo, demuestran el firme compromiso de nuestro gobierno por superar las desigualdades que afectan a la sociedad.
Señora Presidente, Producto de la grave crisis económica y social que la Argentina sufrió
durante el comienzo del nuevo siglo, nuestro país se encontró en un contexto donde la tasa de desempleo rondaba el 20,5 %, el 54% de nuestra población se encontraba bajo la línea de pobreza y un 27,7% vivía en condiciones de indigencia. Ante esta difícil situación, gracias a la determinación política del ex Presidente Néstor Carlos Kirchner‐ quien, posicionó a la política como la herramienta fundamental para la transformación de las realidades‐ se instauró un nuevo paradigma de desarrollo con inclusión en el cual la respuesta a los nuevos desafíos planteados sólo podía ser elaborada a través de un abordaje integral con participación social, buscando el
empoderamiento de las personas.
Señora Presidente, Este nuevo paradigma al que se hace referencia, concibe una política pública de desarrollo social con inclusión permitiendo el acceso y ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos humanos.En este sentido, el Estado debe articular las políticas sociales y a su vez fomentar la participación activa de la ciudadanía, para que ellos se asuman como verdaderos protagonistas del proceso de transformación. Desde la concepción de un proyecto político nacional, popular y democrático, concebimos a la dimensión social como parte indisociable de la
política económica para lograr desarrollo con inclusión. Esto requiere del rol activo del Estado, orientado a un nuevo tipo de economía, más inclusiva, justa y solidaria, que garantice un desarrollo integral sustentable y equitativo. Es por ello, que consideramos que es responsabilidad del Estado generar e implementar políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades y políticas sociales con perspectiva de derechos y con equidad territorial. Esto, constituye la columna vertebral de este Proyecto Político. Desde esta posición ideológica reivindicamos a los derechos sociales como derechos humanos. Ello sienta las bases para una gestión del Estado centrada en la persona que tiene derecho a “tener derechos”. Esto se construye con un profundo cambio político, económico, social y cultural, que asume colectivamente la defensa de los derechos que se conquistan y amplían día a día. La ampliación de los derechos sociales es la ampliación de los derechos humanos.
Señora Presidente, En este marco, la decisión estratégica descripta nos ha permitido revertir los indicadores que nos dejó la grave crisis que sufrió el país a comienzos de siglo. Gracias a las políticas implementadas, hoy la Argentina logró alcanzar una tasa de desocupación del 7,1%, una tasa de pobreza del 4,7% y de indigencia del 1,4%. Sin embargo, Señora Presidente, nada de esto hubiera sido posible, sin los avances en materia de desendeudamiento del Estado. Desde el año 2002 al 2013, se observa
una reducción del 76.3% de la deuda en relación con el PBI, pasando de ser del 166.4% a un 39.5% del producto, luego de los exitosos procesos de canje y la cancelación de la deuda con el FMI, entre otros.
Señora Presidente, Sostenemos desde los inicios de esta gestión, que la mejor política social es el trabajo lo cual es asumido como Política de Estado. Las políticas sociales, entonces constituyen la praxis de aquello que ha manifestado la CEPAL con claridad: “la dinámica del empleo y la institucionalidad laboral son la clave de la igualdad de oportunidades para la inclusión social”. La Argentina ha realizado grandes avances en relación a la creación de pleno empleo y trabajo decente, no sólo como
herramienta para la inclusión, sino también como estrategia para promover un desarrollo sostenible. Se han dado avances significativos en los marcos normativos que protegen a las y los trabajadores, fortaleciendo el sistema de seguridad social. En estos últimos 10 años, en el ámbito de la inclusión laboral se crearon más de 6 millones de puestos de trabajo, de los cuales en el 50% han accedido jóvenes, y un 10%
fueron generados a través de emprendimientos productivos de la economía social. Cabe destacar también la sanción del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casa Particulares y del Nuevo Estatuto del Peón Rural y las políticas tendientes a incrementar el trabajo registrado.
En este sentido, según el documento de la CEPAL “Pactos para la Igualdad, Hacia un Futuro sostenible” (Mayo 2014), Argentina verificó el mayor aumento del salario mínimo real de la región, avanzando más del 200% entre 2002 y 2012, en un contexto de fuerte formalización laboral, en el país con mayor cobertura de jubilaciones y pensiones de América Latina. Señora Presidente, En cuanto a la Seguridad y Protección Social,
se destaca la implementación de la Asignación Universal por Hijo. La misma constituye la política más importante a favor de la niñez, alcanzando a unos 3.562.000 niños, niñas y adolescentes quienes reciben, por mes, una suma de $644 pesos argentinos por hijo o hija y $2.100 pesos argentinos por hijo o hija con discapacidad, reduciendo significativamente la indigencia en las personas
menores de 18 años. Son requisitos de esta política que los niños y adolescentes asistan a la escuela, realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio.
Adicionalmente, se creó la Asignación por Embarazo para la Protección Social que se abona a las mujeres embarazadas, a partir de las 12 semanas de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo. Por otra parte, las Pensiones No Contributivas, dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad social que se le otorgan por vejez (personas mayores de 70 años), madres de 7 o más hijos,
biológicos o adoptivos, y por discapacidad, han permitido que 1.450.000 titulares de derecho accedan a ellas.
Señora Presidente, La República Argentina trabaja de manera constante en políticas de género, siendo este un eje transversal en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Los esfuerzos tendientes a lograr igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres se realizan tanto a nivel nacional, a través del Consejo Nacional de las Mujeres, como a nivel regional, buscando aunar esfuerzos con otros países para promover una transformación socio‐cultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural. Como contribución del Ministerio de Desarrollo Social a la temática, se puede mencionar el Programa Ellas Hacen. El mismo, está destinado a mujeres de mayor vulnerabilidad, jefas de hogar de barrios emergentes o que hayan sufrido situaciones de violencia
doméstica, para que puedan formar parte de una cooperativa y trabajar en el mejoramiento de sus barrios. Como requisito, aquellas mujeres que no tienen estudios, deben completarlos. También participan de distintas capacitaciones en oficios, formación ciudadana y en cooperativismo. El programa crea puestos
de trabajo genuinos, promueve el desarrollo de las personas y sus familias, mejorando la calidad de vida en los barrios y generando inclusión urbana.
Señora Presidente,
Entre los logros alcanzados en materia de política pública para la población indígena, podemos destacar la creación del Consejo de Participación Indígena en el año 2004.
Ello permite la elección de asambleas democráticas convocadas y apoyadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, conformadas por dos integrantes por pueblo y por provincia, en representación de las comunidades, participando en la formulación de las políticas públicas para pueblos originarios y participando en los relevamientos territoriales. Dos años más tarde, se sanciona la Ley que ordena la suspensión de los desalojos y el relevamiento de las tierras que tradicionalmente ocupan las
comunidades indígenas. Se realiza el relevamiento de las mismas, abarcando más de 4,5 millones de hectáreas
y más de 490 comunidades. En el año 2010 se crea el Registro Nacional de Pueblos Indígenas y la Comisión de Análisis para la formulación de la Ley de Pro‐piedad Comunitaria Indígena.
Asimismo, en el marco de la Reivindicación Histórica y Cultural, se dispone la restitución de restos humanos, exhibidos en museos y/o demás localizaciones arqueológicas, antropológicas o universidades. Se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pone en valor la comunicación con identidad. Por otra parte, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas estimula, en coordinación con el Ministerio de
Educación de la Nación, la implementación de la enseñanza intercultural bilingüe, para revalorizar y potenciar la cultura, las lenguas maternas y la cosmovisión de las comunidades indígenas.
Señora Presidente, La Argentina viene trabajando incesantemente en el desarrollo con inclusión social plena durante más de una década, convencida de que las fuerzas del mercado no son suficientes para el desarrollo del país. Sólo asumiendo a la política como una poderosa herramienta de transformación, haciendo que la sociedad se apropie de los derechos y trabajando muy fuerte en la movilización y participación
popular para la defensa de los derechos conquistados es posible avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. La Argentina se ubica en el puesto 49 dentro de la categoría de países con “muy alto índice de desarrollo humano” (quinto en América) con un IDH de 0,811 por su buen desempeño en indicadores como esperanza de vida al nacer, media de escolaridad e ingreso bruto per cápita, según el Informe Mundial 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los progresos en materias de mejora en la distribución de la riqueza fueron notables, reflejados en una disminución del Indice de Gini de 0,533 a 0,413, es decir una disminución del 22,5%. La reducción de las desigualdades y las vulnerabilidades
y el empoderamiento de las personas son elementos clave en este ámbito. El desigual avance en materia de desarrollo social entre las distintas regiones del mundo exige reconsiderarlo y subrayar la necesidad de trabajar con una mirada integral y multisectorial, subordinando el crecimiento económico al pleno desarrollo de las capacidades humanas. De esta forma, podremos generar una sociedad resiliente
e inclusiva. En este sentido y en miras a las contribuciones del desarrollo social a los objetivos del desarrollo sostenible, son ilustrativas las palabras que el Secretario General nos brindara en su Informe: “el desarrollo no será sostenible si no es inclusivo”. Es menester considerar que nuestros esfuerzos deben centrarse entonces en la formulación de estrategias amplias, con una activa presencia del Estado
para garantizar un desarrollo sostenible en el tiempo y con inclusión.
Muchas gracias.
