Intervención del Ministro Raúl Peláez

Dirección de Organismos Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

5 de Febrero de 2016

 

Muchas gracias señor presidente,

La Argentina considera que la protección social constituye un componente fundamental de la política social y que se trata de un instrumento clave para asegurar, en forma complementaria con la política económica y la política ambiental, un desarrollo equitativo y sostenible. Creemos firmemente que la protección social debe funcionar al modo de una red, de carácter integral, que permita garantizar un mínimo nivel de ingreso ciudadano, asegurar la protección de la persona conforme a los principios e instrumentos de derechos humanos, garantizar el acceso universal a los sistemas de salud y educación, y promover la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.

Creemos que es preciso atender las necesidades de las personas en cada etapa de la vida individual y familiar, desde la primera infancia hasta la vejez, atendiendo especialmente a las personas con mayor grado de vulnerabilidad en sus derechos.

En este contexto, el Gobierno argentino otorga un lugar prioritario a la atención a las problemáticas específicas de los adultos mayores. Por eso, celebramos la incorporación de las necesidades de las personas de edad como elemento transversal a diversos objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, documento que se convertirá en el norte de las políticas públicas orientadas a la promoción del desarrollo en los años venideros.

En un mundo en el que inevitablemente se producirá un envejecimiento de la población durante los próximos años, atender las necesidades específicas de este grupo social, así como asegurar la protección y pleno disfrute de sus derechos humanos, es una preocupación presente tanto en nuestra política interna como en nuestra agenda internacional.

En el plano internacional, si bien el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptado en 2002, marcó un importante hito para la inclusión de los adultos mayores en la agenda internacional, pasando a ser considerados como un grupo social específico con su propia problemática, creemos firmemente que es preciso seguir avanzando en este terreno, maximizando las oportunidades que la esfera internacional brinda para proteger a nuestros adultos mayores, en especial tutelando los derechos humanos que le son propios. Un importante paso adelante en este aspecto fue la creación de un Experto Independiente sobre los Derechos Humanos de los Adultos Mayores en el marco del Consejo de Derechos Humanos, y la reciente adopción, en el marco de la OEA, de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

A su vez, celebramos el relevante trabajo que ha venido desarrollando el Grupo de Trabajo de composición abierta sobre Envejecimiento, creado por la Asamblea General, y abogamos por la plena realización de su mandato. En esta línea, destacamos la reciente adopción, durante el presente período de sesiones de la Asamblea General de la resolución 70/164, mediante la cual se reconoció que no existe aún un instrumento internacional vinculante en materia de derechos humanos exclusivamente dedicado a los adultos mayores y se destaca la importancia de fortalecer los arreglos existentes a nivel nacional e internacional.

En dicho marco, la Argentina se compromete a seguir liderando el movimiento mundial para lograr una Convención internacional que proteja los derechos humanos de los adultos mayores, porque creemos que es fundamental establecer un marco global para los derechos humanos de las personas de edad y establecer, al mismo tiempo, cuáles serán las obligaciones que los Estados deberán asumir con respecto al bienestar de las personas mayores.

En el plano nacional, junto al Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) – PAMI, es un actor central de la seguridad social en Argentina, y ha venido desarrollando estrategias para mejorar la atención sanitaria de casi 6 millones de adultos mayores en todo el territorio nacional en línea con el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, tanto en el área de salud y en acciones sociosanitarias como en las áreas de seguridad económica y de servicios sociales.

Señor Presidente,

Así como priorizamos a nuestros adultos mayores, la Argentina otorga suma importancia a la atención de las problemáticas específicas de los jóvenes. Consideramos necesario, por ello, promover acciones destinadas al fortalecimiento y la inclusión de la perspectiva de la juventud en las políticas públicas, garantizando así la transversalidad y la integralidad de las acciones destinadas a atender sus necesidades.

A su vez, la Argentina cree que la política social dirigida a la juventud debe apuntar a comprender el proceso de inclusión social desde una perspectiva de derechos, que trascienda el eje básico de educación y empleo.  Creemos necesario promover un debate amplio en torno a los grandes temas que atraviesan la realidad de los jóvenes, incorporando sus propias voces, así como las de otros actores gubernamentales, académicos, empresariales y de la sociedad civil.

Los jóvenes representarán un rol fundamental movilizador en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En tal sentido, su empoderamiento será fundamental para asegurar el cumplimiento de tales objetivos y metas.

Al mismo tiempo, y faltando tan sólo algunos meses para celebrar los diez años desde la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Argentina quiere reiterar su compromiso con la atención de las problemáticas propias de las personas con discapacidad y el pleno respeto de sus derechos humanos. Aspiramos a garantizar la participación y la inclusión plena de las personas con discapacidad, generando sociedades inclusivas, en las que las personas con capacidades diferentes participen plenamente en la vida económica, social, civil, política y cultural.

Con el propósito de hacer efectivos tales derechos y con miras a mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra en situación de discapacidad, la Argentina erige, como dos importantes pilares de su política pública en la materia, los objetivos de garantizar la vida independiente y la capacidad de autodeterminación de las personas con discapacidad, y el objetivo de alcanzar la accesibilidad universal de los entornos sociales, comunicacionales y físicos.

Sabemos, a su vez, que la discapacidad es un tema complejo, inserto simultáneamente en el ámbito de los derechos humanos y en el terreno de las problemáticas del desarrollo, estando la discapacidad frecuentemente asociada a la pobreza. Por eso, celebramos la incorporación de referencias explícitas a las necesidades de las personas con discapacidad en el documento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y manifestamos nuestra voluntad de incorporar esta dimensión en el proceso de implementación de la Agenda en todos los niveles.

Para finalizar, quisiéramos destacar que las diversas formas de constitución de la familia cumplen un rol fundamental en las políticas de estado en materia de desarrollo, protección en inclusión social, en tanto institución clave para el desarrollo del capital humano y social como red de pertenencia, referencia y cuidado.

Muchas gracias.