Sr. Presidente: La Ar‑
gentina desea reconocer una vez más a la Fiscal de la
Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, por la
presentación de su octavo informe conforme a la resolu‑
ción 1970 (2011) del Consejo.
La Argentina quiere recordar que la remisión de
situaciones a la Corte Penal Internacional da cuenta del
reconocimiento explícito por parte del Consejo del rol
de la justicia y la lucha contra la impunidad por críme‑
nes de transcendencia internacional y de la contribución
del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional a
ese objetivo. En este marco, cabe reiterar que para mi
país, la Argentina, no es aceptable que la cultura de la
memoria sea transformada en una historia del olvido.
Para mi país no solo verdad, memoria, justicia y repa‑
ración son el derecho de las víctimas; son el derecho
también de toda una sociedad y de la comunidad inter‑
nacional para no pactar con la impunidad.
Libia enfrenta numerosos desafíos en materia de
fortalecimiento de las instituciones del estado de dere‑
cho, pero el diálogo constructivo entre las autoridades
libias y la Fiscalía continúa en evolución. Desde 2013,
ese diálogo ha sido más fluido, en particular en cuanto
a la implementación del memorando de entendimiento
sobre la distribución de la carga de trabajo en investiga‑
ciones y procesos futuros firmados entre el Procurador
General de Libia y la Fiscal.
Quiero referirme a tres aspectos esenciales en la
situación de Libia.
El primero se refiere a la obligación de Libia de
cooperar con la Corte. Si bien Libia recurrió la admisibi‑
lidad del caso de Saif Al-Islam Al-Qadhafi ante la Corte
Penal Internacional, la decisión de la Sala de Cuestiones
Preliminares adoptada el 31 de mayo de 2013, y confir‑
mada por la Sala de Apelaciones el 21 de mayo de 2014,
deja en claro que Libia debe entregar al acusado. Somos
conscientes de que en Libia hay un proceso contra Saif
Al-Islam Al-Qadhafi, pero Libia debe asegurarse de que
ese proceso no frustre su responsabilidad y obligación
de cooperar con la Corte Penal Internacional.
En segundo lugar, hay que mencionar las alega‑
ciones de crímenes cometidos en Libia desde 2011 y ac‑
tualmente, en particular, desde mayo de 2014, en que
dos coaliciones armadas principales emergieron en el
panorama libio, las fuerzas de la llamada Operación
Dignidad y las de la llamada Operación Amanecer Li‑
bio, que llevó al establecimiento de dos Parlamentos y
Gobiernos, uno en Trípoli y uno en Tobruk, siendo la
sala de representantes de este último la autoridad libia
legítima reconocida por las Naciones Unidas.
La Fiscalía continúa abocada a los casos de de‑
tención arbitraria, tortura, tratos crueles a detenidos, el
desplazamiento forzado de aproximadamente 30.000 ci‑
viles de Tawergha, los asesinatos en el contexto del con‑
flicto, amenazas a periodistas, a defensores de derechos
humanos —particularmente a defensoras mujeres de 
derechos humanos— como también a fiscales, jueces y
abogados. El Ministerio de Justicia informó sobre al‑
gunos de estos casos con la asistencia de la Misión de
Apoyo de las Naciones Unidas en Libia. Sin embargo, la
propia Corte no ha podido investigar estas alegaciones
de crímenes del Estatuto de Roma debido a la falta de
acceso por razones de seguridad. Creemos que las auto‑
ridades libias deben asegurarse de que sean investiga‑
das y sus responsables llevados ante la justicia.
Para terminar y en tercer lugar, la Fiscal es clara
en la situación que generan los recortes propuestos en
el presupuesto de la Corte, que afectan a su Oficina y
a la posibilidad de emprender nuevas investigaciones en
Libia, en particular respecto de los crímenes cometidos
por los rebeldes, así como de emprender la implementa‑
ción del memorando de entendimiento con mayor nivel
de ambición.
Ello lleva a mi delegación a una reflexión que efec‑
tuamos cada vez que se trata en el Consejo la cuestión
de las remisiones a la Corte Penal Internacional. La Ar‑
gentina encuentra inexplicable que el Consejo haya esta‑
blecido que los gastos derivados de la remisión no serán
sufragados por las Naciones Unidas sino por los Estados
partes en el Estatuto de Roma. Más allá de que ello con‑
traría el Estatuto de Roma y el Acuerdo de Relación con
la Corte, el escenario y los hechos muestran que con un
creciente número de casos se ha intensificado la presión
sobre los recursos disponibles para la Corte.
Es así que hoy estamos viendo en el informe de
la Fiscal cuáles son los efectos de no considerar el fi‑
nanciamiento por parte de las Naciones Unidas de las
remisiones a la Corte: se ponen en riesgo las actividades
presentes de la Fiscalía, pero también se puede poner en
riesgo la viabilidad a largo plazo de la Corte.
La lucha contra la impunidad, reiteramos, no es
un objetivo exclusivo de los Estados partes en el Esta‑
tuto de Roma. Lo es de la comunidad internacional. Es
una prioridad de las Naciones Unidas. Pero ese objetivo
también debe ir acompañado del compromiso de pro‑
veer a la Corte de los recursos necesarios para cumplir
sus funciones. Si la Organización asumió proveer ta‑
les recursos respecto de los dos Tribunales especiales,
no comprendemos qué le impide hacerlo respecto de la
Corte Penal Internacional.
Deseo destacar la voluntad de Libia de superar la
situación actual en el país y de que la violencia actual
sea sucedida por el diálogo político, en que la justicia
sea el elemento esencial de la reconstrucción social, po‑
lítica y ética en el país. La Argentina, así como la Fiscal,
comprende plenamente los múltiples desafíos que en‑
frentan las autoridades libias, y encomia a la Oficina
de la Fiscal por su disposición de continuar apoyando
al Gobierno libio en su esfuerzo por atender a la ma‑
yor cantidad de casos posibles en su jurisdicción. Pero
también cree que la necesidad de Libia de contar con
instituciones, como lo es la legitimidad del estado de
derecho, excede claramente de la cooperación que pue‑
da brindar la Corte Penal Internacional y, para ello, es
necesario contar con una estrategia amplia, en que la
justicia nacional sea un componente clave. Es necesario
que el pueblo libio vea que se hace justicia por los crí‑
menes graves, independientemente de quién sea su per‑
petrador, y no solo en La Haya, sino también en Libia.
La Fiscal ha hecho la sugerencia de un posible gru‑
po de contacto. La Argentina considera que este tipo de
emprendimiento podría brindar el apoyo de un grupo de
países que colaboren con Libia en estrecha consulta con
ella, en particular en cuanto a cómo articular la lucha
contra la impunidad en el nivel interno. La cooperación
de la comunidad internacional es imprescindible para lo‑
grar una Libia en paz, con verdad, con seguridad, con
instituciones confiables, eficaces, con respeto de los dere‑
chos humanos para sus habitantes, pero también creemos
que el Consejo de Seguridad debe apoyar tales esfuerzos,
darles el apoyo que sea necesario. Uno de los aspectos del
seguimiento de las remisiones es que el Consejo conside‑
re alternativas para apoyar los esfuerzos de Libia y de la
comunidad internacional en apoyo de ese país.
Como cada vez que nos referimos a la Corte Penal
Internacional, la delegación de la Argentina destaca su
convicción de que la Corte Penal Internacional represen‑
ta una de las contribuciones más notables a la rendición
de cuentas por crímenes de trascendencia internacional,
y que es tan necesaria hoy como en los momentos de su
fundación en 1998. Encomio a la Fiscal por sus valores y
su dedicación para desterrar la impunidad. También deseo
reconocer a las autoridades libias y a su pueblo por haber
iniciado un camino en el que todos debemos apoyarlos:
el de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.