Deseo agradecer a la
Presidencia la convocación a este debate, así como al
Secretario General y a la Alta Comisionada de las Na‑
ciones Unidas para los Derechos Humanos sus exposi‑
ciones informativas.
Este año se cumplen 100 años del inicio de la Pri‑
mera Guerra Mundial, cuya destrucción y altísimos cos‑
tos, tanto en vidas humanas como materiales, llevaron
a la creación de la Sociedad de Naciones, un innovador
intento por poner fin, a través del establecimiento de
un organismo multilateral, a las guerras entre Estados.
Afortunadamente, su fracaso en evitar la Segunda Gue‑
rra Mundial no acabó con la determinación de la comu‑
nidad internacional de trabajar en pos de la paz a través
de la creación de las Naciones Unidas.
Desde entonces, la naturaleza de los conflictos
ha cambiado profundamente. Estamos en una era do‑
minada por los conflictos internos, una era en la que, 
además, han sido cometidas y se cometen gravísimas
violaciones de los derechos humanos, incluido el geno‑
cidio. Sin embargo, algo no ha cambiado: los conflictos
pueden ser evitados. En la gran mayoría de los casos,
antes del desencadenamiento de los conflictos, existen
claros indicadores que sirvan de alarma. Lamentable‑
mente, la comunidad internacional y el Consejo, en
muchos casos, han demostrado ser incapaces ya sea de
reconocer a tiempo estas señales de alarma o de actuar
de manera decisiva en la prevención de esos conflictos.
Ante la multiplicación de conflictos, la comunidad
internacional y el Consejo tienen recursos limitados
tanto políticos como económicos para hacer frente de
manera efectiva a los desafíos que implica el manteni‑
miento de la paz y la seguridad internacionales. Asimis‑
mo, somos testigos de la multiplicación de crisis huma‑
nitarias de proporciones cada vez más alarmantes como
consecuencia de estos conflictos y de una reducción del
financiamiento de los esfuerzos de ayuda humanitaria,
que parece convertirse en estructural, sin importar la
situación de conflicto de que se trate. Este escenario
nos obliga a reflexionar profundamente sobre el rol de
prevención de los conflictos del Consejo para cumplir
con sus obligaciones en materia de mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.
Del principio fundamental de soberanía deriva la
competencia primaria, pero también la obligación, de
los Estados de resolver de manera pacífica las disputas
internacionales, como se establece en el Artículo 2, pá‑
rrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas, así como
los conflictos internos que los afecten, haciendo frente
a las causas profundas de los mismos. La intervención
del Consejo de Seguridad solo cabe en aquellas situa‑
ciones que constituyan una amenaza a la paz y la segu‑
ridad internacionales, evitando cualquier intervención
en los asuntos internos de los Estados. El Consejo de
Seguridad debe centrar sus esfuerzos de prevención de
conflictos de manera coordinada y en cooperación con
otros órganos de las Naciones Unidas, organismos re‑
gionales y subregionales, así como con otras entidades
enfocadas en la prevención de conflictos y el desarrollo
sostenible. Resulta innegable el vínculo existente entre
las causas estructurales de la pobreza y la inequidad y
los conflictos en el ámbito de las relaciones intranacio‑
nales o internacionales.
La comunidad internacional debe concentrar
sus esfuerzos en atender estas causas a través de una
perspectiva que tenga como objetivo la erradicación
de la pobreza y el desarrollo sostenible, promoviendo
un enfoque integral que atienda las causas básicas del
problema, evite dar predominancia a la seguridad en la
agenda para el desarrollo y no aborde la cuestión exclu‑
sivamente como un tema de seguridad.
También se deben abordar las condiciones condu‑
centes a la expansión del terrorismo, un elemento de
cada vez mayor influencia en numerosas situaciones
de conflicto. La Carta de las Naciones Unidas otorga
al Consejo de Seguridad una variedad de herramientas,
como la mediación, la conciliación, el arbitraje y el arre‑
glo judicial, que pueden ser utilizadas en la prevención
de conflictos. Asimismo, ha quedado demostrada la
efectividad tanto del papel que desempeña el Secretario
General a través de sus buenos oficios y de sus Envia‑
dos y Representantes Especiales como de las oficinas
regionales de las Naciones Unidas. Consideramos de la
mayor importancia que la resolución 2171 (2014), que
acabamos de aprobar, incentive al Secretario General
a continuar utilizando sus buenos oficios para ayudar a
facilitar arreglos plenos y completos. Esperamos que la
renovación de este compromiso por parte del Consejo
de Seguridad se traduzca en hechos.
La Argentina considera que el Consejo debe tener
en cuenta, entre otras dimensiones, la lucha contra la
impunidad y la justicia como factores de prevención de
conflictos y la regulación del comercio de armas. La
lucha contra la impunidad es un factor que previene
conflictos, cohesiona la sociedad y fortalece la demo‑
cracia. En este marco, la Corte Penal Internacional es,
sin duda, uno de los logros más notables de la diploma‑
cia multilateral y el centro del sistema de justicia penal
de la comunidad internacional en su conjunto. Por otra
parte, es urgente contar con una adecuada regulación de
las transferencias de armas convencionales. No pode‑
mos esperar que el trabajo del Consejo en el ámbito del
mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona‑
les sea efectivo si se permite que los Estados Miembros
provean de armas a las partes en conflicto.
Por último, la dimensión de prevención de conflic‑
tos no escapa a la dinámica de trabajo del Consejo ni
al contexto actual de la política internacional. No solo
cabe al Consejo renovar su compromiso de abordar la
prevención de conflictos armados; los Estados que lo
componen deben también demostrar una profunda vo‑
luntad política para hacer uso de las herramientas a dis‑
posición del Consejo y un verdadero compromiso con el
multilateralismo, superando las divisiones que muchas
veces nos separan y que en algunos temas de su pro‑
grama de trabajo incluso impiden que el Consejo actúe.
El costo del fracaso es, lamentablemente, ya conocido
por todos, y uno que tanto ética como políticamente la 
comunidad internacional no está en condiciones de con‑
tinuar pagando.