Han pasado cinco años desde el 2008 y mucho se ha debatido de las causas, de las responsabilidades y sobre cómo se generó la crisis. Mucho se ha propuesto para que este tipo de situación no se reproduzca.  Es por ello que resulta clave identificar las fallas operacionales detrás de esta crisis.

Sabemos que las Agencias Calificadoras de Riesgo (ACR) desempeñaron un papel importante en el desarrollo de los eventos que culminaron en la crisis financiera. No se trata aquí de culpar por culpar, sino de entender qué falló, y cómo podemos remediar la situación.

Empecemos resaltando lo obvio respecto a la calificación de riesgo tal y como existe hoy. Existe una verdadera tendencia al oligopolio dentro del sector, un oligopolio conformado por tres grupos: Fitch, Moody´s y S&P. Estos grupos, al controlar el 90% de los ingresos vinculados a esta actividad, no solo pueden ejercer poder de mercado sino que también están en capacidad de ejercer presión sobre Estados soberanos.

Resulta además interesante enfocarse en el verdadero problema de esta industria: el alto nivel de riesgo moral. Antes que nada, resaltemos como, en oposición a los servicios de otras industrias similares, como los servicios de auditoría, las ACRs solo emiten “opiniones”, lo cual les permite evitar cualquier tipo de responsabilidad civil.

Al respecto, mi Gobierno considera que es totalmente irresponsable permitir que se tomen decisiones con capacidad de afectar la economía real de naciones soberanas, de perjudicar sus ciudadanías, sin ningún tipo de responsabilidad por parte de quien emite estos juicios.

Esto dicho, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar la situación?

En primer lugar, Reconocemos la posición e importancia del ECOSOC en estos temas, así como la importancia de colaborar con otras entidades, entre ellos el grupo de los 20.
Es necesario comprender que se deben canalizar fondos que permitan un real despegue de las economías, ayudando asimismo a darle a estas una visión productiva que no olvide la responsabilidad social como importante factor de consolidación de las mismas. En este sentido, como hemos mencionado, es fundamental promover los movimientos de capital de mediano y largo plazo, evitando los impactos desestabilizadores que tienen los movimientos de fondos meramente coyunturales y especulativos.

Como en muchos otros temas, el acceso a la información resulta clave. El sistema debe ser más transparente y se debe incluir mayor participación de los países en vías de desarrollo. Debemos incorporar visiones que superen los tradicionales reduccionismos. El modelo actual nos ha aportado ejemplos que no han sido positivos de ninguna manera.
Se debe acelerar el progreso para acabar con la dependencia en las ACRs. Se debe aumentar la transparencia de las calificaciones ya que las ACR producen reportes no basados en datos objetivos, sesgados y presentan conflictos de intereses.

Al mismo tiempo, se debe aumentar la competencia y facilitar el ingreso de fuentes alternativas cuyas calificaciones permitirán comparaciones.

En la Argentina, la nueva Ley de Mercado de Capitales prevé que las universidades públicas podrán actuar como agentes calificadores, lo que permitirá generar mayor competencia y transparencia en la calificación de instrumentos de oferta pública. Esto ya sucedió cuando una universidad pública e independiente (la Universidad de Buenos Aires) trabajó en conjunto con un Banco de Desarrollo el año pasado.

Por último, déjeme destacar que, a nivel de Naciones Unidas, nos parece interesante la propuesta de avanzar en el monitoreo y el comportamiento de las agencias calificadoras de riesgo, tal vez a través de un Observatorio.

La regulación de las agencias calificadoras de riesgo es efectivamente una asignatura pendiente en función de transparentar y dar un marco objetivo y realista de las economías.

 

10 de septiembre de 2013