19 de junio

Intervención del Ministro Mario Oyarzabal, Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina

Señor Presidente de la Asamblea General, Señor Secretario General, Señor Presidente del 26° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, Señora Presidenta de la 8° Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, Señor Director Ejecutivo de la ONUDD, Representantes de los Estados Miembros, expertos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, distinguidos señoras y señores:

En primer lugar, quiero expresar el más profundo reconocimiento de la República Argentina al Juez Giovanni Falcone, en ocasión del 25° aniversario de su asesinato, por su inconmensurable labor en la lucha contra el crimen organizado transnacional, a la que ofrendó su vida.

Este Debate, que permite principalmente compartir visiones entre los países, es una iniciativa que contribuye a fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la que hoy en día constituye una de las mayores amenazas a la seguridad de los Estados, y afecta el desarrollo económico, político, social y cultural de los pueblos del mundo.

La posición del Gobierno argentino es encuadrar el combate contra este flagelo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos, de los que Argentina es Parte desde 2002, y sobre la base de los parámetros, definiciones y términos en ellos contenidos. El Gobierno argentino estima fundamental que cualquier acción que se emprenda para prevenir y combatir la DOT se realice en un marco de irrestricto respecto del derecho internacional de los derechos humanos, tanto en relación con los presuntos autores como de las víctimas de los actos.

En este sentido, corresponde tener en cuenta en el combate contra la DOT, el fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno, el estado de derecho y la cooperación multilateral en el marco del respeto a la soberanía de cada Estado, en particular, a través del intercambio de información, la asistencia jurídica mutua y la extradición.

A efectos de combatir el crimen organizado, es necesario garantizar procesos penales efectivos, rápidos y transparentes que otorguen una sanción adecuada a los delincuentes y que además se asegure una respuesta a la sociedad. Para llevar esto a cabo, en la Argentina se esta trabajando en un proyecto  de ley tendiente a la reforma del Código de Procedimiento Criminal a los fines de que su enfoque sea el sistema acusatorio oral, donde se priorice la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos más graves y complejos. Por otro lado, se está trabajando en un proyecto de ley a los fines de reformar el Código Penal para incorporar, entre otras cosas, delitos trasnacionales e internacionales.

Con relación a los delitos que encuentran regulación específica en cada uno de los Protocolos de la Convención de Palermo, quisiera destacar la importancia que el Gobierno argentino le asigna a cada uno:

En primer lugar, la Argentina entiende que la acumulación excesiva y la proliferación incontrolada de armas de fuego tienen consecuencias muy graves para el desarrollo social y económico sostenible, constituyendo además un desafío serio a la promoción de los derechos humanos. Las disposiciones contenidas en el Protocolo de Armas de Fuego son receptadas por la República argentina en el diseño e implementación de sus políticas nacionales, ya sea para lo que hace a las armas de uso civil como de uso militar.

En segundo lugar, la Argentina considera de suma importancia cooperar en la mayor medida posible para prevenir y combatir el tráfico ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire. 
Con relación a la trata de personas Argentina promueve la cooperación en el ámbito global, hemisférico, regional y bilateral para intercambiar información y coordinar acciones tendientes a combatir y erradicar el delito de trata de personas. A nivel nacional, este delito ocupa un lugar de suma importancia en la agenda pública argentina. Las acciones que desarrolla el Estado Nacional tienen como ejes principales la prevención del delito de trata de personas, la persecución de los tratantes y la protección de las víctimas. El combate contra la trata de personas se aborda de manera transversal a través del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el cual coordina la acción de diversos organismos en el ámbito de varios Ministerios. Asimismo, en julio de 2016 se conformó el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el cual tiene entre sus funciones diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas y promover la adopción por parte de las diversas jurisdicciones de los estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que aseguren la protección eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas. La trata de personas se encuentra tipificada en la Argentina como delito federal, lo que permite perseguir las redes delictivas más allá de las fronteras provinciales. Asimismo, en el ordenamiento jurídico nacional se prevé que, aún habiendo existido consentimiento por parte de la víctima, éste no exime al tratante de su responsabilidad, es decir que, independientemente de la edad de la víctima, el consentimiento es irrelevante para considerar penalmente responsables a los autores del delito.

Quisiera también señalar que Argentina considera de vital importancia dar cumplimiento al Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre cuyas metas quisiera destacar, “la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y la provisión de acceso a la justicia para todos” y “reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada”. Este objetivo, nos encuentra en una inmejorable ocasión, dado que esa meta se integra en el marco de los nuevos lineamientos de política nacional en la materia. En efecto, desde su asunción el 10 de diciembre de 2015, el gobierno del Sr. Presidente Mauricio Macri, ha focalizado el objetivo de pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y la unidad de todos los argentinos, como los ejes fundamentales de la nueva administración, tal como expresara en la inauguración de las sesiones del Congreso Nacional. En este sentido, quisiera también destacar que la creación de Justicia 2020, un espacio de diálogo institucional y ciudadano cuya finalidad es crear una justicia pensada para las personas, constituye también una herramienta eficaz para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Finalmente, quisiera desearles a todos el mayor de los éxitos en el desarrollo de este Debate de alto nivel.

Muchas gracias por su atención.