CONSULTAS RELATIVAS AL “ZERO DRAFT”
Nueva York, 25 al 27 de enero de 2012
- En primer lugar deseamos apoyar el trabajo del G77 y China y las propuestas que serán presentadas por el Grupo).
- Para Argentina, la Cumbre Rio 20 cobra sentido en un marco amplio, es decir, formando parte del proceso iniciado en la Cumbre de la Tierra en el año 1992.
- Argentina ratifica la vigencia de la Declaración de Río, de la Agenda 21 y del Plan de Implementación de Johannesburgo, considerando que todo compromiso político renovado en Río, debe cerrar las brechas de implementación que aún persisten en los procesos hacia del desarrollo sostenible.
- La Conferencia de Río 20, debe brindar medidas dirigidas a la erradicación de la pobreza, en el marco de un programa ambiental, social y económico realista, dando un nuevo ímpetu a los objetivos vigentes acordados hace 20 años. No se trata de adoptar un nuevo concepto o transmutar el ya conocido de "desarrollo sostenible", sino de lograr la realización de éste, en forma equitativa y equilibrada
- Entre los principios que la Argentina considera clave en la formulación del compromiso político renovado objeto de la Conferencia de Río, tal como plasmado en el documento de posición nacional, podemos destacar,
1. El derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.
2. Los tres pilares del desarrollo sostenible, deben abordarse conjugando aspectos de crecimiento económico, desarrollo social y protección ambiental.
3. Es necesario que ese crecimiento y desarrollo económico sea inclusivo, sostenible y sustentable.
4. Debe ratificarse el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y la no existencia de un modelo de desarrollo único aplicable a todos.
5. La transformación de procesos productivos, debe ir acompañada de la creación de empleos decentes en el marco de una transición justa, de manera de conectar los 3 pilares para la reducción de la pobreza.
6. Las estrategias que se diseñen deben tener en cuenta situaciones económicas, sociales y ambientales particulares, en cada país en desarrollo.
- Las medidas que se promuevan en el contexto de la Conferencia, deberían, entre otras:
1. no constituir un medio de discriminación arbitrario e injustificable ni una restricción encubierta del comercio internacional;
2. ser consistentes con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas;
3. tener en cuenta las capacidades y necesidades particulares de los países en desarrollo;
4. incluir compromisos en materia de transferencia de fondos financieros y tecnologías.
Comentarios genereales sobre el "zero draft"
- El mandato de la Conferencia, acordado en la Resolución 64/236 de la ONU, es obtener un compromiso político renovado a favor del desarrollo sostenible, evaluar los avances logrados hasta el momento y las lagunas que aún persisten en la aplicación de los resultados de las principales cumbres en la esfera del desarrollo sostenible y enfrentar los temas nuevos y emergentes.
- Teniendo en cuenta el resultado esperado de la Cumbre Rio 20, -compromiso político renovado-, el "zero draft" no parece satisfacer plenamente con su redacción actual ese fin. El documento carece del necesario impulso renovado a los objetivos y principios -aún vigentes- de la Declaración de Río, la Agenda 21 y la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y su Plan de Implementación-, encontramos que:
(i) no se presta la necesaria atención, de una forma equilibrada, a los tres pilares del desarrollo sostenible, sino que el documento se concentra fundamentalmente en el componente ambiental-comercial.
(ii) a pesar de que incluye algunas referencias a los principios de Río, en particular el de responsabilidades comunes pero diferenciadas (por ejemplo, párrafos 9, 25 y 8), esas menciones no resultan consistentes con varias de las acciones propuestas, no diferenciándose, por atra parte, claramente entre los países en desarrollo y desarrollados.
- Se observa asimismo, que el documento hace una débil mención a los principios acordados en Rio 92 (Ej. párrafos 7, 9, 25, 44) y resultan confusas y poco precisas algunas ideas que podrían ir en detrimento del fortalecimiento de los mencionados principios, lo cual resulta preocupante.
- Para Agentina es fundamental que quede claramente establecido el principio de soberanía de los Estados, tanto en términos generales como en lo relativo a los recursos naturales, sobre todo teniendo en cuenta que se hacen menciones en el documento a recursos específico, de importancia estratégica para los países, tal como el caso de la tierra y el agua. Se considera primordial establecer que solo a través de las políticas nacionales pueden brindarse herramientas para el acceso, uso, gestión y conservación de los recursos de los Estados.
- Resulta fundamental asimismo, que se establezca que no existe un modelo aplicable a todos los países (one size fits all), sino que deben ser respetadas las condiciones sociales, agroecológicas y económicas locales de cada uno (tailor-made), lo cual se deriva del principio de soberanía nacional.
- Resulta confusa la idea que busca transmitirse en el párrafo 11, relativa a las responsabilidades en cuanto a las múltiples crisis interrelacionadas y sus implicancias y hasta podría resultar contradictorio con lo mencionado en el párrafo 10. Los mensajes que surjan de Rio 20 deben ser claros.
- El borrador, por otra parte, carece de un reconocimiento específico a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo como categoría general de países (tal como se encuentra establecido en el principio 6 de la Declaración de Rio). No se encuentran en el documento referencias claras a las condiciones especiales de los países en desarrollo sino que, en algunos casos, se bifurcan las categorías en función de distintos criterios de análisis (por ejemplo como en el párrafo 15). Más aún, se observa con preocupación la igualdad que podría resultar en términos de derechos y obligaciones para todos los países, tal como se señala en el párrafo 29 y 71.
- El texto diluye el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, tal como el mismo es presentado en el principio 7 de la Declaración de Rio ("... En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen").
- Por otra parte, el documento (como en el párrafo 19), no debería validar la proliferación de estándares privados, sobre todo ambientales. Ello puede implicar efectos restrictivos sobre las exportaciones de los países en desarrollo.
- Asimismo, se desea destacar que en varias partes del documento se incluye a la seguridad alimentaria como un área prioritaria de acción relacionada con la economía verde. No resulta comprensible el alcance y la forma en que este tema será abordado (sobre todo ver párrafos 25 y 107). Asimismo, deseamos recordar que existen actualmente múltiples foros donde se está debatiendo el tema de la seguridad alimentaria, siendo la FAO uno de los principales y, a nuestro criterio, el marco más adecuado para tratar cuestiones de esta índole.
- El documento no propone cierres a las brechas de implementación que aún persisten en términos de acceso a recursos financieros y tecnologías por parte de los países en desarrollo. Inserta la cuestión como un tema menor (al final del texto), sin incluir mecanismos claros para proveer a los países en desarrollo recursos financieros -adecuados, predecibles y adicionales a la asistencia oficial al desarrollo- y se asegure la transferencia de tecnologías en términos concesionales hacia los países en desarrollo.
- Respecto a la "economía verde", el texto intenta consolidarla como un nuevo paradigma y como un fin en sí mismo, proponiendo políticas específicas, sin establecer en su posible implementación una diferenciación entre países en desarrollo y desarrollados.
- Asimismo, se propone para la "economía verde" (Sección III, en especial párrafo 43) una hoja de ruta específica, con objetivos indicativos y cronogramas que van hasta 2030, a diferencia de otras cuestiones de importancia clave, tales como financiamiento y transferencia de tecnología, en las que no se plantean acciones concretas.
- Por otra parte, no se refleja claramente que la "economía verde" debe ser pensada como una de las posibles herramientas. Por el contrario se otorga un mayor peso a algunos de los pilares del desarrollo sostenible sobre otros, quedando desbalanceado el equilibrio que se debe seguir. Más aún, no se encuentran bases para afirmaciones tales como las existentes en los párrafos 25 o 29, siendo que las implicancias de la transición hacia una economía verde aún no pueden ser comprobadas.
- Por otro lado deseamos destacar que la proliferación de barreras al comercio, (sanitarias y fitosanitarias y relacionadas con cuestiones técnicas), es de suma preocupación para la Argentina. Al respecto, tanto en la Declaración del Grupo Cairns como en la Declaración del G-20 (Ginebra) en ocasión de la 8va Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Argentina ha manifestado inquietud por el creciente uso de estas regulaciones, especialmente por parte de los países desarrollados, sin sustento científico o técnico.
- Esta clase de restricciones comerciales tienen un impacto negativo en las exportaciones de los países en desarrollo y los aleja del objetivo de lograr un sistema de comercio internacional más justo.
- Respecto a la tecnología, si bien en el documento (párrafo 42) se propone la colaboración internacional para el desarrollo de nuevas tecnologías verdes para países en desarrollo, donde las tecnologías desarrolladas sean de dominio público y de precios accesibles para estos países. Ello debería acompañarse con medidas que a su vez garanticen a los países en desarrollo el acceso a precios viables a las tecnologías desarrolladas por los países desarrollados. En este sentido, todavía resulta evidente que los países en desarrollo que son parte de la OMC, no se han visto mejoras en el acceso a la tecnología, que es lo que permitiría equilibrar los derechos y las obligaciones en el marco de Acuerdo de los ADPICs.
- Es importante que se reconfirmen los compromisos de implementar lo antes posible el mandato agrícola de la Ronda de Doha, lo cual significaría un importante aporte en vistas a la disminución y/o eliminación de los subsidios agrícolas y un aporte fundamental al desarrollo sustentable de los países en desarrollo.
- Consideramos que el borrador presentado por los Co-presidentes, diluye los compromisos asumidos por los países desarrollados en los instrumentos ya existentes sobre desarrollo sostenible en materia de transferencia de fondos financieros y de tecnologías.
- Asimismo, se observa con preocupación la reiterativa mención a criterios de sustentabilidad e indicadores (párrafo 24, 105, 109, 110, 111) sobre las que existen pruebas a nivel nacional, que en muchos casos resultan en barreras de acceso para los productos exportados por países en desarrollo.
- En función de lo mencionado previamente y a modo de síntesis, Argentina considera:
Respecto a las Secciones I y II
- En términos generales, el "zero draft" presenta dificultades en cuanto a su ajuste a los objetivos planteados en la Resolución AGNU 64/ 236 y al documento de posición nacional argentino, por lo que habrá que preverse introducir enmiendas.
- Respecto al mandato de la Conferencia, se lo presenta de una manera parcial, enfocado principalmente a dos de los temas de la conferencia, poniéndose énfasis en el de "economía verde" y dejando abierta una brecha, en lo que respecta al objetivo primario de la Conferencia.
- Un aspecto que cabe destacar es el contraste que se observa en cuanto al tratamiento de los objetivos y los temas acordados. El punto II, bajo el título de "renovación del compromiso político" y demás ítems, como así tambien los temas "marco insttucional para el desarrollo sostenible" y "marco para la acción", se encuentran entre corchetes. Por el contrario, en cuanto al otro tema de la Conferencia, "Economía verde", no se introdujeron corchetes en ninguna de sus partes por lo cual, siendo un tema de profundas diferencias entre los países, en función de la falta de definición, alcance y naturaleza consensuada, resulta llamativa la parcialidad de enfoque en cuanto a su tratamiento y falta de opciones en dicha materia.
Sobre la Sección III
- Argentina no comparte la posición de tratar de consolidar en el texto un cambio de "paradigma" hacia una "economía verde" global (sostenido por nuevas estructuras) la consideración del tema como un fin en sí mismo y la creación de nuevas metas, roadmaps y objetivos globales que no tengan en cuenta la necesaria flexibilidad en función de las políticas nacionales.
Sobre la Sección IV
- Consideramos adecuado la inclusión de diversas opciones en el tema "Marco institucional", ya que ello permite evaluar distintas opciones para avanzar hacia un marco institucional responsable. Ante la situación de inestabilidad financiera-económica global generada en el seno de los países desarrollados, Argentina estima que no es conveniente crear nuevas estructuras internacionales o "megaestructuras", ya que elo, además, no garantizaría mayor eficiencia.
- En lo atinente a esta Sección deseamos remarcar la necesidad de reafirmar el rol que compete a la AGNU en materia de monitoreo de todas las actividades en los océanos, evitando que foros u órganos de Naciones Unidas diferentes de la Asamblea General emprendan acciones que excedan sus competencias específicas en cuestiones de derecho del mar.
Respecto a la Sección V
- En cuanto al "Marco para la acción y seguimiento", se requiere mayor aclaración sobre el modo, método y criterio por el cual se seleccionaron las áreas prioritarias, independientemente de su relevancia. Por ejemplo, se incluyeron una diversidad de párrafos sobre asuntos oceánicos, los que, más allá de la seria imprecisión terminológica, a pesar de su extensión no reflejan aspectos cruciales, como los subsidios a la pesca.
- Finalmente, notamos en el documento, una falta de compromiso político que prevea los necesarios fondos en materia de transferencia financiera y tecnológica, incluyendo la difusión y desarrollo, como marco indispensable para la implementación del desarrollo sostenible.