"Primera Sesion Anual Regular de la Junta Ejecutiva Conjunta del PNUD/FONUAP/UNOPS"
Intervención de la Embajadora María Cristina Perceval, Representante Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas
Muchas gracias, Señor Presidente.
Quisiera referirme al Informe Anual de la Administradora del PNUD.
En tal sentido, quiero situar mi intervención en línea con las palabras pronunciadas por el distinguido Representante Permanente de Chile, Embajador Octavio Errázuriz, en su calidad de Presidente Pro Tempore de CELAC.
Agradezco la detallada información provista por la Señora Hellen Clark, en un informe que ofrece una sinopsis adecuada de los resultados y las contribuciones del PNUD en 2012.
Coincidimos con el enfoque de la Señora Administradora del PNUD sobre la relevancia del Proceso Amplio de Revisión Cuatrienal (QCPR, por sus siglas en inglés) y su vinculación con el Plan Estratégico, la definición de un Presupuesto Integrado y la necesidad de redefinir los parámetros en materia de recuperación de costos, respetando la transparencia y la rendición de cuentas, tanto en la definición como en la implementación de estas medidas.
Nuestra delegación asigna suma importancia a este proceso, cuyo objetivo principal es el de aumentar la coherencia, eficacia y eficiencia del sistema de las Naciones Unidas en la asistencia al desarrollo, honrando los esfuerzos nacionales de los países en desarrollo.
La Argentina ha trabajado siempre dentro del Grupo de los 77 más China para aportar el enfoque de los principales interesados en ese proceso, esto es, los países en desarrollo. Hemos encontrado, asimismo, significativas y numerosas coincidencias con los países de nuestra región, habida cuenta de las similitudes de nuestras realidades, logros y desafíos pendientes en nuestras agendas de desarrollo.
No creemos que exista un modelo de desarrollo único aplicable a todas y cada una de las naciones de la tierra, pero sí creemos en el deber común de tener en cuenta que en cada país, para cada pueblo, el crecimiento económico sea con inclusión social, creación de trabajo decente, acceso a la salud, a la educación y a condiciones de vida dignas, especialmente para los que menos tienen.
Insisto, no creemos en modelos únicos, ni propios ni ajenos. La misma premisa de modelos únicos, implementada irresponsablemente y para la opulencia de unos pocos, ha causado ya mucho daño y ha retrasado el camino hacia el desarrollo en países como la Argentina y los países de nuestra región de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, sin dogmatismos absurdos ni ideologismos estériles, durante la última década, la región ha coincidido en la necesaria recuperación del Estado como actor central en la vida de nuestros pueblos, dejando atrás la pesadilla ficción del Estado mínimo y la perversa caricatura de un Estado sólo concentrado en la urgencia de reparar las inequidades y asimetrías producidas por un mercado librado a su propio juego y concentrado en sus propios intereses.
Desde proyectos políticos diversos, pero con una visión común, los países de América Latina y el Caribe hemos venido adoptando un paradigma de desarrollo en que el Estado desempeña un rol central, articulando los intereses de los sectores más vulnerables en la distribución del ingreso.
Hemos coincidido en la necesidad estratégica de recuperar el Estado para orientar y promover un crecimiento económico inclusivo y sustentable y, al mismo tiempo, propiciar una participación social amplia e intensa, fortaleciendo las instituciones democráticas y logrando progresivamente que los derechos humanos de todos/as se encuentren efectivamente reconocidos, garantizados y protegidos.
Asimismo, los países emergentes en la última década hemos sido los que sostuvimos el crecimiento económico global y hoy somos los que estamos ayudando a superar la crisis institucional, económica y social que surgió, precisamente, en el corazón financiero del mundo, que pensaba que el dinero se reproducía a sí mismo y por sí solo.
La Argentina, al igual que otros países de nuestra región, ha implementado políticas de Estado activas, que actúan sobre la emergencia y la vulnerabilidad, pero también está estableciendo cambios estructurales de largo plazo a fin de conectar virtuosamente el crecimiento económico con la inclusión social y, en especial, con la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Valga como ejemplo para el primer caso la política conocida como Asignación Universal por Hijo y para el segundo, la recuperación por parte del Estado del sistema de seguridad social y previsional el cual, a diferencia de las administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones, se basa en el principio de solidaridad intergeneracional y no en la incertidumbre devastadora de la especulación global.
En estos procesos de intensas transformaciones, además de la voluntad política de nuestros Gobiernos y del apoyo popular, la presencia del PNUD ha sido y es fundamental.
Todos aquí sabemos que las necesidades de desarrollo están en constante y rápida evolución y que, en algunos casos, desafían la capacidad del sistema multilateral de actuar con la agilidad institucional requerida para responder a situaciones simultáneas y demandas diversas en distintas realidades.
Por ello estamos convencidos de que es imprescindible establecer un mecanismo de priorización que diseñe la concepción e implemente en su actuación según las necesidades particulares en el terreno y conforme al nivel de desarrollo de cada país y región; como así también que asuma y refleje el grado de responsabilidad en la ejecución de los proyectos multilaterales, valorando la inversión de los donantes y respetando de modo inequívoco el principio de universalidad.
La delegación argentina ha venido destacando incansablemente a lo largo de estos años, la necesidad de debatir en profundidad sobre el paradigma de desarrollo como así también la conveniencia de repensar las metodologías e indicadores utilizados para medir la pobreza y los parámetros que se aplican para establecer la categoría de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, poblaciones que valga señalar, no se encuentran excluyentemente incluidas sólo en los países más pobres.
No sólo la naturaleza multidimensional del fenómeno del subdesarrollo, sino también el impacto de desafíos recientes -como la vulnerabilidad externa de las economías periféricas- o las nuevas dinámicas poblacionales -como el envejecimiento y las migraciones- o los efectos del cambio climático –como la desertificación o las catástrofes naturales-.
Todas esas dimensiones deben ser incorporadas estratégicamente a los denominados Objetivos de Desarrollo Sustentable y a toda nueva agenda de asistencia al desarrollo implementando objetivos internacionalmente aceptados y reconociendo que el principal objetivo debe ser la erradicación de la pobreza en todas sus formas y en todas las regiones del mundo.
La energía del sistema debe desplegarse en un auténtico multilateralismo y llegar de modo coordinado con las autoridades locales a todos los lugares donde la dignidad humana se encuentra amenazada, la justicia social postergada y la igualdad desvanecida.
Naturalmente, ese desafío también tiene implicancias en materia de recursos financieros, ya que las actividades operacionales para el desarrollo de NU se centran en iniciativas que tienen un impacto catalítico y efectos multiplicadores en las acciones para el desarrollo.
Para que el PNUD pueda mantener su presencia física, estratégica y programática global y un variado portafolio de proyectos, resulta esencial defender la noción de masa crítica de recursos básicos, un concepto que fuera definido de modo inequívoco por la resolución 67/226 sobre QCPR, buscando resolver el preocupante desbalance entre los recursos regulares y los extra presupuestarios aportados por los donantes.
Esta noción, como sabemos, refiere al nivel de recursos adecuados para responder a las diversas necesidades, a fin de producir los resultados esperados en los planes estratégicos y bajo los parámetros establecidos en los Acuerdos Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD).
Esta dimensión es de fundamental importancia en un contexto en el que se verifica una creciente disminución relativa de los recursos del presupuesto central, responsable de financiar las funciones esenciales del sistema de las Naciones Unidas, en comparación con el crecimiento exponencial de la financiación extra-presupuestaria.
Los países donantes tienen, una vez más, en este mismo escenario internacional, una excelente oportunidad para demostrar su compromiso con la respuesta multilateral a los desafíos globales al desarrollo, aportando de modo sustancial sus recursos financieros al renglón del presupuesto regular del PNUD. Esta simple acción demostraría su confianza en la extraordinaria labor desarrollada por el Programa en todo el mundo, respetando el principio de igualdad entre los países.
Por el contrario, seguir invirtiendo en recursos extra presupuestarios, designados a priori y no alineados con las decisiones adoptadas por la comunidad internacional ni alineadas con las necesidades establecidas por los propios países en desarrollo, sólo debilitará el sistema multilateral.
Argentina, junto a otros países de América Latina y el Caribe, tiene autoridad moral y legitimidad política para hacer este señalamiento, pues nuestro compromiso en aportar recursos propios para financiar actividades desplegadas por el PNUD ha crecido, consciente de la responsabilidad asumida por la comunidad internacional para abocarse a las cuestiones pendientes en la agenda del desarrollo.
Consideramos que este compromiso debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar el sistema de recuperación de costos, de modo que la tasa obtenida sea destinada casi íntegramente a los programas locales.
Nos permitimos destacar el comportamiento regional al respetar el actual criterio de asignación de recursos en el anterior ejercicio de Arreglos de Programación, el cual alcanza el 90 % para los Países de Bajos Ingresos y consagra un 60 % de base mínima a los Países Menos Desarrollados.
Dichos acuerdos fueron respetados por nuestra región aun cuando América Latina y el Caribe está formada mayoritariamente por Países de Renta Media, subestimando o al menos no prestando atención a que tiene todavía una extensa e intensa agenda de desarrollo pendiente y que, además, contribuye solidariamente con el progreso de naciones menos favorecidas, a través de mecanismos de conocida eficiencia como la Cooperación Sur-Sur.
Es por un compromiso auténtico con el multilateralismo real y desde una concepción estratégica del desarrollo, que venimos trabajando en los últimos años, en las decisiones en torno a las necesidades de los Países de Renta Media, en el Informe de la Oficina de Desarrollo Humano, en los Arreglos de Programación y, ahora, en las negociaciones sobre Recuperación de Costos y Presupuesto Integrado, a fin de alcanzar una solución abarcadora a esta negociación que fortalezca al PNUD y combine positivamente los principios de predictabilidad, progresividad y universalidad en la asignación de recursos.
Este enfoque pudo verificarse concretamente, una vez más, en la Nota Conceptual circulada por la Argentina en su capacidad de Vicepresidente Regional, en nombre de los países de la CELAC, coordinados por la delegación de Chile.
En esa nota, en sus anexos y en la propuesta alternativa al borrador propuesto por la Secretaría del PNUD en la decisión discutida bajo el ítem 7 de la agenda (Recuperación de Costos y Presupuesto Integrado) se pudo verificar la vocación latinoamericana de:
•cumplir con la voluntad de la comunidad internacional –respetando lo estipulado por la resolución 67/226 sobre el QCPR-,
•colaborar con las necesidades del Programa al incentivar la inversión en el presupuesto regular, buscando asegurar la masa crítica de recursos y
•tomar respetuosamente en consideración el Informe del Secretario General en este terreno, quien manifiesta su preferencia por un aumento significativo de las tasas de recuperación de los recursos aportados bajo las modalidades de donantes individuales y fondos multilaterales.
Finalmente, quiero destacar que la Argentina considera que la convicción política -al apoyar inequívocamente al PNUD-, el respeto a las decisiones colectivas -emanadas tanto de la Asamblea General como de la autoridad del Secretario General de las Naciones Unidas- y el esfuerzo financiero –aún ante una economía internacional con tendencias adversas- de los gobiernos de América Latina, son gestos que deben ser valorados positivamente y tenidos en cuenta en los procesos de toma de decisiones.
Muchas gracias, Señor Presidente.
Misión Permanente Argentina ante Naciones Unidas