45 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS

INTERVENCIÓN DEL MINISTRO MATEO ESTRÉMÉ, ENCARGADO DE NEGOCIOS A.I. DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Muchas gracias, Señor Presidente.
Nuestro país ha seguido con sumo interés la agenda de actividades organizada para esta sesión de la Comisión sobre Población y Desarrollo.
Coincidimos con el enfoque propuesto por el Sr. Secretario General en su informe sobre la situación de los adolescentes y los jóvenes y, en particular, concordamos con lo que él mismo enfatizara en la sesión inaugural de ese evento, sobre la indubitable validez del proceso iniciado en Conferencia Internacional de 1994 sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y con los enunciados del Programa de Acción de Cairo.
En tal sentido, afirmamos que el enfoque provisto por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo mantiene toda su vigencia, ya que permite comprender la vinculación de las tendencias poblacionales y su impacto en el desarrollo, articulando acertadamente el enfoque de género, la protección de los derechos humanos y la necesidad de la erradicación de la pobreza, promoviendo la salud sexual y reproductiva.
En materia de implementación de los compromisos acordados, resulta pertinente destacar que, a pesar de los ingentes esfuerzos de los gobiernos locales, la comunidad internacional, la sociedad civil, el sector académico y otros actores relevantes en este ámbito, la situación en materia de salud sexual y reproductiva sigue siendo extremadamente preocupante.
Tal como lo destacan los informes del Secretario General y del fondo de Naciones Unidas para la Población, cada año, mayoritariamente en países en desarrollo, más de 120 millones de parejas ven impedido su acceso a métodos anticonceptivos, 80 millones de mujeres tienen embarazos no deseados (45 millones de los cuales terminan en aborto) y más de medio millón de mujeres mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. Las relaciones sexuales sin protección constituyen el segundo factor de riesgo más importante de discapacidad y muerte en los países en desarrollo.
El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad sigue siendo limitado o ausente en muchos países en desarrollo, a pesar de contarse con medios eficientes y relativamente económicos para prevenir embarazos no deseados, ofrecer servicios de abortos seguros, ayudar a las mujeres a llevar a cabo un embarazo saludable, proteger la salud neonatal, así como prevenir y tratar las enfermedades de transmisión sexual.
Esta situación tiene un impacto significativamente negativo en la salud pública, lo que genera a su vez profundas consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas, en particular, en un mundo que experimenta un crecimiento poblacional sin precedentes, alcanzando la cifra de 7 mil millones de habitantes, con casi dos mil millones entre 10 y 24 años de edad, quienes viven mayoritariamente en países en desarrollo.

Por tanto, hacemos nuestra la interpretación del Dr Babatunde Osotimehin, Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien afirmara recientemente que se asume equivocadamente que la mayoría de los jóvenes tienen acceso a la información confiable sobre asuntos reproductivos. Esto no es cierto para la mayoría de los adolescentes y jóvenes.
Eso es pertinente incluso en regiones del mundo que han experimentado un sostenido crecimiento económico reciente, como algunos países de América Latina y el Caribe, cuya agenda pendiente de desarrollo social exige del apoyo de la comunidad internacional y de la atención del sistema de Naciones Unidas, incluyendo la inestimable labor del Fondo para la Población. En esas tareas, sostenemos como prioritario contar con la amplia participación de jóvenes para la formulación e implementación de políticas públicas relativas a la juventud.

En distintas regiones del mundo, millones de niñas y mujeres jóvenes padecen falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados, abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual. La vulnerabilidad de las mujeres jóvenes y las niñas, especialmente en los países en desarrollo es agravada por prácticas como el matrimonio infantil, violaciones y asaltos sexuales perpetrados contra niñas menores y púberes y tradiciones tales como la infibulación o la mutilación genital. Por eso coincidimos plenamente con el Dr. Osotimehin, quien afirmó que la necesidad de invertir en los jóvenes es más urgente que nunca.
Señor Presidente.
Mi delegación quisiera enfocarse ahora en el ítem 3 de la agenda, el debate general sobre la experiencia nacional en materia de población, enfocada en los adolescentes y los jóvenes, analizando esta temática desde la tarea educativa, el acceso a trabajo decente, el fenómeno migratorio y la especial vulnerabilidad de las jóvenes y niñas.
En este sentido, cabe destacar que en nuestro país, en el año 2006, se puso en marcha el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, destinado a jóvenes desocupados de entre 18 y 24 años de edad, con bajos niveles educativos, procedentes de hogares de bajos ingresos y con escasa o nula experiencia laboral. Al año 2010, el mencionado programa atendió a miles de jóvenes, que participan de prestaciones de asistencia técnica y acompañamiento para el autoempleo, de inserción laboral asistida y de apoyo a la búsqueda de empleo.
Respecto de la educación, partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006, se determinó la obligatoriedad de la educación secundaria en todo el país. Asimismo, cabe mencionar el programa "Finalización de estudios para jóvenes y adultos (FinEs)", de alcance nacional, el cual está destinado en un primer momento a jóvenes y adultos mayores de 18 años que terminaron de cursar, como alumnos regulares, el último año de la educación secundaria (bachiller, técnica, comercial, polimodal, de adultos), y adeudan materias. En una segunda etapa el Plan estará destinado a los jóvenes y adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la primaria o la secundaria.

En relación con el fenómeno migratorio, destacamos que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación participa en el Proyecto sobre Migración, Salud y Derechos Humanos, que se lleva a cabo en la frontera entre Argentina y Bolivia ejecutado en forma conjunta por la Dirección Nacional de Migraciones, UNFPA, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), CAREF (Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados), Instituto Nacional contra la Discriminación , la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Programa de Salud Comunitaria y Salud del Ministerio de Salud de la Nación.
Este proyecto forma parte de un acuerdo regional realizado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional en el año 2008, para trabajar en 10 países y 5 fronteras de la región sobre acceso a la salud y derechos de mujeres y jóvenes migrantes, a partir de un enfoque que articula actividades bi-nacionales y nacionales.
Las líneas de acción sobre las cuales se trabaja son el fortalecimiento de los conocimientos de sus derechos humanos y, en particular, la garantía del acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes. En términos generales, el proyecto busca mejorar la información disponible sobre la población migrante en el país receptor, con especial énfasis en sus características socio-demográficas y la protección del derecho a la salud de mujeres y jóvenes y acciones de intervención basadas en la evidencia recogida.
Además de las mencionadas reformas del sistema legal, nuestro país ha sancionado leyes claves en esta temática, tales como la Ley de Protección Integral para prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales (promulgada en abril de 2009), la Ley Nacional de Parto Humanizado, la Ley Nacional de SIDA, la Ley de Educación Sexual Integral (adoptada en 2006), la Ley de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la creación en 2002 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Simbolizando el interés de nuestro país en la materia, destaco que la Argentina será sede del V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en octubre del corriente año.

Finalmente, quiero destacar el apoyo de mi delegación a los trabajos desarrollados por esta Comisión, esperando que el texto de la resolución sobre jóvenes y adolescentes logre incorporar de modo inclusivo y balanceado las importantes cuestiones arriba destacadas.

Muchas gracias.

Misión Permanente Argentina ante las Naciones Unidas