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Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre Protección de Civiles en Conflicto Armado

Conforme los métodos de trabajo adoptados por los Miembros del Consejo de Seguridad en el marco de la pandemia COVID-19, la intervención de la Delegación Argentina fue presentada por escrito.

27 de mayo

 

Señor Presidente,

La Argentina agradece a Estonia por la organización de este Debate Abierto en el Consejo de Seguridad, y agradece las presentaciones del Secretario General, António Guterres; del Presidente de la Cruz Roja Internacional, Sr. Peter Maurer; y de la Sra. Ellen Johnson Sirleaf, Premio Nobel de la Paz.

La Argentina considera crucial que el Consejo de Seguridad continúe comprometido con la protección de los civiles en conflictos armados, a través del fomento del cabal respeto del derecho internacional, en particular el respeto del derecho humanitario, las normas de los derechos humanos y el derecho de los refugiados, así como con la lucha contra la impunidad.

Señor Presidente,

Como expresa el Secretario General en su informe S/2020/306, la crisis de la COVID-19 ha exacerbado aún más la vulnerabilidad de los menos protegidos de la sociedad.  Por tal motivo, la Argentina reitera su pleno apoyo al llamamiento del Secretario General del cese del fuego inmediato a nivel mundial del 23 de marzo de 2020, con el fin de ayudar a crear las condiciones necesarias para la prestación de asistencia humanitaria, abrir un espacio para la diplomacia y llevar la esperanza a las personas más vulnerables ante la pandemia de COVID-19.

Asimismo, en lo que hace a la asistencia humanitaria, las partes en un conflicto deben hacer todos los esfuerzos para que se garantice el efectivo y oportuno acceso a la acción humanitaria, incluidos los cargamentos y materiales. Ese tipo de asistencia goza de protección especial por parte del derecho internacional humanitario, por lo que es preocupante que en numerosas situaciones se planteen trabas al acceso de la asistencia humanitaria o incluso la mera denegatoria.

Por otra parte, resulta fundamental aunar la cooperación y los esfuerzos para proteger y promover el acceso de la población civil, especialmente de los más vulnerables, a todos los servicios de salud (atención médica, servicios de salud materna y reproductiva), los cuales se ven aún más vulnerados por la actual pandemia de COVID-19, y suponen una carga adicional en los sistemas e instalaciones ya devastados por los conflictos.

Señor Presidente,

Es necesario continuar incluyendo y reforzar las actividades de protección en los mandatos de las misiones de las Naciones Unidas en el terreno, que éstos estén desarrollados con claridad y que dichas operaciones cuenten con los recursos necesarios de forma efectiva y oportuna. Debe recordarse al mismo tiempo la necesidad de que las operaciones de mantenimiento de la paz cumplan ellas mismas con el derecho internacional humanitario.

Tal como lo mencionó el C-34, la Argentina coincide en la importancia de que la tarea de protección de civiles durante operaciones de mantenimiento de la paz respete los propósitos y principios de la Carta y los principios rectores de las operaciones de mantenimiento de la paz. Asimismo, que el uso de la fuerza para responder a las amenazas de violencia física contra los civiles debe autorizarse de conformidad con las obligaciones jurídicas aplicables, con el mandato establecido por el Consejo de Seguridad y con las reglas de enfrentamiento e intervención específicas de cada misión.

Creemos que las estrategias no armadas para proteger a los civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz son instrumentos políticos muy valiosos que pueden ayudar a poner fin a conflictos violentos, sosteniendo la confianza de las partes en la búsqueda de soluciones pacíficas y trabajando para hacer avanzar los procesos de paz.

Asimismo, son los gobiernos receptores los principales responsables de proteger a los civiles, por ello es necesario mantener una estrecha cooperación y consulta con las autoridades nacionales.

La República Argentina apoya la visión centrada en la prevención y la alerta temprana para los mandatos de protección de civiles promovida por el Secretario General, así como su vinculación con el Pilar II de la Responsabilidad de Proteger. Esta visión también ha sido reconocida por el Panel de Alto Nivel sobre la Revisión de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Creemos que es necesario consolidar una estrategia sólida para la prevención de crímenes atroces que cuente con un análisis imparcial de los hechos. Esta estrategia debe contar con recursos financieros y apoyos políticos que aseguren que la reacción por parte de la comunidad internacional nunca más sea tardía y escasa. 

Nuestro país es miembro del Grupo de Amigos de la Responsabilidad de Proteger y desde la Cumbre de 2005 ha apoyado el desarrollo progresivo del concepto y participado activamente en los diversos ámbitos en que fue debatido, en particular en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Consideramos que la protección de civiles debería ser entendida en el marco de una perspectiva política y humanitaria concentrada en el establecimiento de un ambiente seguro. Es así que la protección de civiles en una misión de paz requiere la cooperación de sus componentes militares, policiales y civiles. Es una necesidad que los Estados tengan entendimiento claro y común de las características, modalidades e implicancias que conlleva la protección de civiles. Esto es especialmente importante en los casos donde el uso de la fuerza es necesario para proteger civiles de violencia física, de acuerdo  con el mandato y las reglas de empeñamiento de la misión.

En adición, consideramos fundamental el avance de transversalidad de la agenda de Mujer, Paz y Seguridad en las operaciones de mantenimiento de la paz.

Señor Presidente

Como se señala en el informe presentado al Consejo de Seguridad por el Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, en muchos conflictos armados sigue existiendo este flagelo, especialmente sufrido por mujeres y niñas.  Si bien hay medidas especiales de protección contra la explotación y abusos sexuales, y las Naciones Unidas ha estado reforzando las medidas de rendición de cuentas y centrando en las víctimas los esfuerzos para atender a las denuncias de explotación y abusos sexuales por parte del personal de las Naciones Unidas, aún existen grandes desafíos por delante, que requieren de una vigilancia constante para velar que se establezcan sistemas para determinar y mitigar los riesgos, seleccionar y capacitar al personal y responder de manera centrada en las víctimas, oportuna y enérgica a las denuncias cuando se reciban.

Señor Presidente

Resulta preocupante que algunas medidas en el marco de la lucha contra el terrorismo continúen afectando las actividades humanitarias. Reiteramos en este sentido el llamamiento realizado por la resolución 72/284 de la Asamblea General a que los Estados aseguren, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, que la legislación y las medidas contra el terrorismo no obstaculicen las actividades humanitarias.

Conforme al derecho internacional humanitario y a las resoluciones de este Consejo, los ataques de cualquier tipo dirigidos contra los civiles, especialmente mujeres y niños, u otras personas protegidas, escuelas, bienes culturales y lugares de culto, así como el reclutamiento de niños y el entorpecimiento del acceso de la asistencia humanitaria, constituyen una violación del derecho internacional.

Argentina comparte la preocupación de la comunidad internacional por el modo en el que los contextos de conflictos armados favorecen la proliferación de organizaciones dedicadas a diversas modalidades del delito internacional, tales como el tráfico de migrantes, la trata de personas y el tráfico de armas, todos ellos con directa afectación de la población civil.

Reconociendo que los jóvenes constituyen una gran parte de los civiles que se ven perjudicados por los conflictos armados, y que la interrupción del acceso de los niños y jóvenes a la educación y las
oportunidades económicas tiene consecuencias decisivas para la paz y la reconciliación duraderas, la Argentina reitera su invitación a los Estados que no lo han hecho a adherir a la Declaración sobre Escuelas
Seguras, la cual ya ha sido endosada por 105 países. La Argentina junto a Noruega lideró el proceso intergubernamental de elaboración de la Declaración sobre Escuelas Seguras y hemos tenido el
honor de organizar la Segunda Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en 2017 en Buenos Aires.

Es preciso que el Consejo de Seguridad continúe comprometido con la protección de los civiles en conflictos armados, incluso considerando situaciones particulares, como lo ha hecho en el caso de niños, mujeres, periodistas o personal médico, y que continúe comprometido a fomentar el respeto del derecho internacional así como a poner fin a la impunidad por violaciones graves cometidas contra civiles. Destacamos en este marco el papel que le cabe al sistema en materia de Niños y los Conflictos Armados, el cual debe contar con los apoyos necesarios para llevar a cabo esta tarea. En adición, apoyamos los Principios de Vancouver, cuyo objetivo es prevenir el reclutamiento y el uso de niños soldados.

Argentina reafirma el papel preventivo de los mecanismos de rendición de cuentas. Los mecanismos imparciales son esenciales para la investigación de las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En tal sentido, quisiera destacar la labor de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta prevista en el Protocolo I de los Convenios de Ginebra de 1949, así como el lugar central que ocupa la Corte Penal Internacional. Recordamos que, conforme a su Estatuto, la Corte tiene competencia sobre muchos de los ataques a la población civil.

La Argentina considera prioritario continuar el debate sobre la creación de nuevos mecanismos para reforzar el cumplimiento del derecho internacional humanitario, y generar un diálogo constructivo, transparente e inclusivo entre los Estados y otras partes interesadas. Asimismo, coincidimos con el Secretario General en la necesidad de reducir la brecha de implementación existente entre el marco normativo y la realidad en el terreno.

Respecto de los desafíos que las nuevas tecnologías presentan para la protección de civiles en casos de conflictos armados identificados en el informe del Secretario General (S/2020/366) y en la nota conceptual para este debate abierto, la Argentina considera importante señalar que el derecho internacional, incluyendo las normas de derecho humanos y derecho internacional humanitario, se aplica al ciberespacio. El aumento de los ciberataques al sector de la salud en el contexto de la Pandemia ha puesto de relieve el potencial costo humano de las operaciones cibernéticas así como su impacto sobre la población civil. A medida que las sociedades se digitalizan, la necesidad de proteger las infraestructuras críticas y mantener un cibersespacio seguro, estable, abierto y pacífico aumentan significativamente. En este sentido, la Argentina apoya todos los esfuerzos que se están realizando para avanzar en la implementación y profundización del marco de comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio

Señor Presidente,

La Argentina expresa su profunda preocupación por la amenaza que plantea el uso de armas explosivas en áreas pobladas. Dicho uso causa muertes, lesiones y traumas a civiles; daña y destruye infraestructura esencial y servicios críticos y provoca desplazamientos involuntarios. A ello se suma que deja restos explosivos de guerra que representan una amenaza a largo plazo para la coexistencia social y las actividades económicas, toda vez que comprometen potencialmente la seguridad de los habitantes.

La Argentina da la bienvenida al abordaje que realiza el Secretario General en su Agenda para el Desarme para hacer frente a dicha amenaza.

En diciembre de 2018 Argentina suscribió el comunicado de Santiago de Chile, junto a más de 20 países de la región, por medio del cual apoya  el proceso que llevará a la negociación y adopción de una declaración política internacional sobre el uso de armas explosivas en áreas pobladas.

Señor Presidente,

Respecto a la sección del Informe del SG sobre los efectos de los conflictos y el cambio climático en el medioambiente, la Argentina comparte la importancia de tratar la cuestión caso por caso cuando surge una amenaza a la paz y seguridad específica, de conformidad con el mandato del Consejo asignado en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo reiteramos que no se debe desvirtuar la función del Consejo de Seguridad y avanzar sobre temáticas que exceden su mandato ni se deben relacionar cuestiones ambientales con cuestiones de seguridad, de modo general.  

A la luz de lo señalado, corresponde a la Asamblea General, al ECOSOC, al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Programa Hábitat, a UN Water, a la Comisión sobre Desarrollo Sostenible, a las comisiones económicas regionales, a la Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y a los organismos especializados abordar la temática ambiental. 

Asimismo a la Argentina le gustaría aclarar que el concepto de “seguridad hídrica” no cuenta con consenso en la comunidad internacional. Los Estados deben trabajar en pos de la seguridad alimentaria y del acceso al agua de sus poblaciones.

Señor Presidente,

En esta crisis global sin precedentes por la pandemia de COVID-19, se hace esencial remarcar la importancia del cumplimiento del alto el fuego y del cumplimiento del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos para garantizar y apoyar una respuesta efectiva a la crisis y la protección de los más vulnerables.

La Argentina coincide con la visión del Secretario General de reafirmar, hoy más que nunca,  la importancia de una respuesta internacional conjunta de la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad, en apoyo de los Estados miembros y las comunidades afectadas.

Muchas gracias.

 


 

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular