Intervención del Representante Permanente Alterno de la República Argentina, Ministro Alejandro Verdier
13 de febrero
Agradecemos al Gobierno de Bélgica por la iniciativa de organizar este debate, así como por el énfasis especial puesto en abordar la justicia transicional desde un enfoque que tiene presente sus cuatro componentes: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y que parte de la premisa de que no existe un sólo modelo de justicia de transición aplicable a todos los casos.
De acuerdo a la "Nota orientativa del Secretario General sobre el enfoque de las Naciones Unidas a la justicia de transición", la justicia de transición es considerada desde la perspectiva de los derechos y ofrece tres vías para seguir fortaleciendo las actividades de las Naciones Unidas en ese ámbito: 1) procurar tomar en consideración las causas profundas de un conflicto o un gobierno represivo y combatir las violaciones que se cometan de todos los derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales; 2) tener en cuenta factores de los derechos humanos y la justicia de transición en los procesos de paz; y 3) coordinar las iniciativas de desarme, desmovilización y reintegración con los procesos y mecanismos de la justicia de transición de manera que se refuercen positivamente.
Señor Presidente,
En el marco de este Debate Abierto nos gustaría compartir brevemente algunos aspectos de la experiencia argentina de justicia transicional, la cual es el resultado de un proceso de carácter "posdictatorial" y no de un contexto de “post-conflicto”, estimamos importante hacer esa salvedad. Lo sucedido en el pasado reciente de nuestro país no fue un conflicto armado. Las graves violaciones a los derechos humanos contra la sociedad fueron cometidas por el accionar represivo de las fuerzas armadas y de seguridad, en el marco de un gobierno de facto dictatorial.
Desde que se restableció el orden constitucional en diciembre de 1983 a la fecha, el Estado Argentino ha realizado un constante trabajo para cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos. Una de las primeras decisiones del gobierno democrático fue establecer la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que tomó medidas concretas para el reconocimiento del derecho a la verdad con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la desaparición forzada de personas. Al año siguiente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires dictó la sentencia de diciembre de 1985, condenando a los integrantes de las juntas militares que gobernaron el país con la pena de prisión perpetua.
La sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 1987 y los indultos en la década de 1990 a aquellos que habían sido condenados por el Juicio a las Juntas, impidieron continuar con los procesos judiciales abiertos en el contexto de las violaciones a los derechos humanos.
En paralelo se desarrollaron los llamados “Juicios por la Verdad”, procedimientos judiciales iniciados con el objetivo de conocer el destino o paradero de las personas desaparecidas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tuvo un rol central en el afianzamiento del derecho a la verdad en nuestro país y en la región. Muchos familiares al no poder obtener justicia en tribunales locales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dictaminó sobre la obligación del Estado de sancionar a los responsables.
Una década despúes, el Congreso de la Nación declaró nulas las leyes de obediencia debida y punto final y la Corte Suprema de Justicia de la Nación las declaró inconstitucionales lo que implicó la reapertura de más de mil causas judiciales. Según información de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el año 2006 hasta diciembre de 2019 se dictaron 238 sentencias por hechos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Actualmente hay 21 causas en juicio oral, 70 causas cuentan con elevación a juicio oral y 260 causas se encuentran en instrucción de primera instancia. En estas causas, fueron condenadas 962 personas, 157 fueron absueltos y 606 personas se encuentran procesadas en causas judiciales en trámite.
Como señala el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, para ofrecer una reparación efectiva a las víctimas, es fundamental establecer sistemas de reparación apropiados.
En tal sentido, la CONADEP recomendó que se dicten las normas necesarias para que los familiares de personas desaparecidas durante la dictadura reciban asistencia económica. Actualmente se encuentran vigentes un conjunto de leyes que prevén una reparación patrimonial por las graves violaciones cometidas durante la dictadura. La Cancillería Argentina brinda una importante colaboración para que los solicitantes de beneficio de estas leyes puedan realizar los trámites pertinentes en sede consular.
Señor Presidente,
Para finalizar, quisiera subrayar el rol central de la "Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas", cuya adopción por la Asamblea General en diciembre de 2006 y su entrada en vigor en diciembre del año 2010, marcaron los pasos esenciales para la promoción de este instrumento crucial para la lucha contra la impunidad. En efecto, la Convención proporciona a todos los Estados una base para el establecimiento de un marco legal sólido en las áreas de prevención, castigo, reparación y no repetición de las desapariciones forzadas, como también prevé mecanismos de asistencia jurídica mutua entre los Estados.
Cabe destacar que es una convención joven, posee hasta el momento 62 Estados Partes y 98 signatarios. En ese respecto, invitamos a los Estados a colaborar y avanzar hacia la universalización de la Convención.
Muchas gracias.