COMISIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
50º PERIODO DE SESIONES
Nueva York, 1 al 10 de febrero de 2012
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El presente informe se elabora a fin de ser presentado en la 50º Sesión de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas que tendrá lugar en Nueva York durante los días 1º al 10 de febrero de 2012.

Contiene una síntesis de la actividad desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, en función del tema principal “La Erradicación de la Pobreza” y el desarrollo de cinco capítulos que contemplan los avances nacionales en el marco de los planes y programas de acción pertinentes de las Naciones Unidas relacionados a la situación de distintos grupos sociales.

Se enfatizan las líneas de gestión de la política social y la consolidación de las transformaciones asumidas por este Ministerio desde mayo de 2003, realizando un fuerte énfasis en aquellas intervenciones sociales que contribuyen a la protección, a la generación y promoción del trabajo, y garantizan la protección social como ejes central de la Integración Social.

 

 

Es preciso comenzar señalando lo oportuno de la elección de esta temática “La Erradicación de la Pobreza”, en instancias en que el mundo desarrollado se halla frente –crisis mediante-, a la necesidad y oportunidad de replantear un cambio de paradigma, un cambio de rumbo desde el sacrosanto neoliberalismo.  Cambio que en nuestro país se dio con la gestión iniciada en el 2003 por el hoy lamentablemente desaparecido ex Presidente Néstor Kirchner, y que se presentó ante la urgencia de una crisis económica, social y política que amenazó con erosionar las bases mismas de la estatalidad argentina.  

Sin embargo, no obstante lo oportuno del tema, luego de casi 9 años de continuidad con profundización en la gestión iniciada en 2003, y de haber implementado una política social integral y con perspectiva de derechos humanos, nos permitimos ir más allá de la erradicación de la pobreza, apostando en cambio, por una política que busca principalmente la inclusión de todos y todas con equidad; porque la pobreza nos remite fácilmente al tema del ingreso o a cuestiones tangibles, de bienes y a parámetros estadísticos, mientras que la inclusión va mucho más allá, conteniendo la erradicación de la pobreza, pero elevando a la persona, al “pobre” a la categoría de sujeto, sujeto que no solo tiene el derecho a no ser pobre, sino que también tiene el derecho a trabajar dignamente y con un ingreso acorde, a la seguridad social, a una educación de calidad, a un sistema de salud, a pensiones a la vejez, a la discapacidad, al esparcimiento y al deporte.

En fin, nuestro objetivo es hacer de esa persona y su familia un Sujeto de Derecho pleno, activo, participativo y no solo, el logro de una persona o familia estadísticamente “no pobre”.

Complementando lo dicho, el horizonte de las transformaciones sociales en nuestro país tiene como sustento indiscutible los valores compartidos e irremplazables en torno a los derechos humanos y la justicia social y sobre el marco institucional que ellos promueven. El ideario social que guía nuestro accionar está unido a los criterios de equidad, territorialidad y la promoción de derechos, desde los cuales se tejen las líneas de gestión e intervención que asume la Política Social. 

Por ello, y con el objetivo fundamental de elevar la calidad de vida del pueblo argentino, y especialmente de las condiciones de vida de las familias y comunidades más vulnerables de nuestro país, seguimos impulsando estrategias sociales participativas que, en base a los ejes mencionados permitan la transformación de las realidades de nuestro pueblo y su reconocimiento como  sujeto de derecho y, con él, el logro del desarrollo humano y social sustentable.

Sostenemos que el Estado debe ser el articulador de las políticas sociales, en el marco de la recuperación del ejercicio de la política como herramienta de transformación de realidades, luego de años de que se instalase en la sociedad, la cultura de la “no política”.  Por lo que el redimensionamiento de la esfera pública y la participación activa de la ciudadanía en los hechos de la vida cotidiana, resultan indispensables para generar una sociedad realmente democrática, cohesionada y con igualdad de oportunidades.

Avanzamos en la consolidación de una política pública en donde cada Sujeto se reconoce y actúa en función del logro, no sólo de su proyecto personal sino, también, en beneficio del colectivo. 

Se trata de una política social integral anclada en la perspectiva de derechos, con eje en la participación, la protección y la promoción en la medida en que sienta las bases para el desarrollo sustentable de las familias,

Se reconoce en la Política Social un instrumento que permite trabajar por los derechos sociales que conlleva características de reparación (con políticas sociales de protección  y reconstrucción) y construcción de la inclusión social (con políticas sociales preventivas, promocionales y de construcción de ciudadanía).

Ambas implican el reconocimiento de las personas como titulares de derechos; sujetos autónomos y activos (en contraposición a la existencia de “beneficiarios, pasivos e incapacitados” del neoliberalismo, meros receptores de recursos de la dádiva del Estado).

Los derechos, en tanto atribuciones que poseen todas las personas, deben ser garantizados por el Estado; y es aquí donde éste vuelve asumir su centralidad garantizando el acceso a bienes y servicios de calidad para la salud, la seguridad social, la educación, el trabajo, procurando la participación y fomentando ciudadanía; dirigida a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la equidad y la integración social.

Sostenemos desde los inicios de esta gestión que la mejor política social es el trabajo, y  nuestras políticas sociales constituyen la praxis de aquello que hace poco tiempo ha manifestado la CEPAL con claridad: “la dinámica del empleo y la institucionalidad laboral son la clave de la igualdad de oportunidades para la inclusión social.

En este camino, la generación y defensa del empleo digno, es asumida como una política de Estado y, bajo este nuevo escenario de las políticas sociales, una estrategia central para combatir la pobreza.  El trabajo es “una referencia para articular en el campo popular”. 

No negamos la asistencia, hacerlo sería dar un salto al vacío, pero si debemos asegurarnos, que se ejercite en un marco de ética práctica, apoyando y traducido en valores emancipadores y de respeto hacia la persona.  En este escenario, si la familia requiere asistencia, se lo hace desde la transferencia ética de bienes o de ingresos, pero articulados a políticas de promoción, para generar empleo, que resulta ser el mejor integrador social.

 

 

En consonancia con el Informe del Secretario General sobre “Erradicación de la Pobreza”, Argentina puede contarse entre el grupo de países que con la aplicación de respuestas políticas tempranas ante la crisis económica, mostró la determinación política de incorporar objetivos sociales en las estrategias de recuperación económica.

Así lo demuestra el crecimiento sólido de la Economía medido en Producto Bruto Interno: En 2010 la economía argentina se expandió un 9.2% respecto del año anterior, mientras que en 2011, el Producto Bruto Interno argentino acumuló una expansión de 9,2%, mientras que el Producto Bruto Interno por habitante alcanzó un nuevo nivel record con un crecimiento real acumulado del 55.4% desde el año 2003.

El país logró superar los efectos derivados de la crisis financiera y económica internacional de 2008-2009 y se encuentra en adecuada posición para enfrentar las eventuales consecuencias de la actual volatilidad mundial.

Ello posibilita realizar una asignación selectiva de los gastos primarios, destinados prioritariamente a las acciones a favor de la seguridad social, incluida la movilidad provisional y la seguridad social; la educación, ciencia y tecnología; y la inversión en infraestructura económica y social; la promoción y asistencia social; y la seguridad y sistema penal.

La trayectoria de crecimiento se encuentra cimentada en sólidos fundamentos macroeconómicos.  En efecto, el crecimiento económico logrado, juntamente con la consistencia en los superávit fiscales primarios y la reducción de la deuda resultante de las operaciones de reestructuración llevadas a cabo en 2005 y 2010 han redundado en una marcada contracción en los niveles de endeudamiento del sector público.  A fines de 2002 la deuda pública nacional equivalía a más de un año y medio del valor de la producción del país. –medido como Producto Bruto Interno -, mientras que actualmente su valor relativo se ha reducido a menos de seis meses del valor producido.  Este menor peso de la deuda, sumado a la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina –que pasaron de 10.000 millones de dólares en 2003 a 50.000 millones de dólares a fines de agosto de 2011-, permitió afrontar la carga de los servicios de la deuda externa del Sector Público Nacional No Financiero.

En esta línea, la carga de intereses a pagar se redujo considerablemente (en 2001 representaba el 21.6% de la recaudación tributaria, mientras que en el primer trimestre de 2011 se redujo a tan solo el 5.2%). 

El crecimiento y la solidez macroeconómica se alcanzaron por un lado gracias a las políticas orientadas a recuperar la fortaleza externa y fiscal pero, además, mediante medidas que apuntaron a mejorar el nivel de vida de la población e impulsaron significativamente la demanda agregada y el nivel de actividad.

Estos resultados funcionan como una seguro anticrisis, al desalentar las corridas contra la moneda nacional, dotando de estabilidad a la paridad cambiaria y contribuyendo a mantener fortalecido el sistema financiero, frenando los impactos de la crisis económica global desatada en 2008, recrudecida en el 2011.

La solidez fiscal, que se expresa en nueve (9) años de superávit primario ininterrumpido, es un hecho inédito en al historia argentina, arrojando un resultado positivo promedio de 2.9% del Producto Bruto Interno anual desde 2003.  Esto se complementa con una mayor participación en la recaudación de impuestos progresivos, como los derechos de exportación y el impuesto a las ganancias, que significó un avance hacia una estructura tributaria más equitativa.

Esta fortaleza, adicionalmente, permitió instrumentar políticas de ingresos de sesgo expansivo, recuperando de esta forma el crecimiento, el empleo, los salarios reales y los ingresos de la población.  Esa misma robustez permitió también actuar en tiempo y forma para combatir los efectos negativos de la reciente crisis financiera internacional y dotar al Gobierno de instrumentos y condiciones que le permitan neutralizar o mitigar los efectos adversos de un escenario persistente de crisis internacional.

La política de ingresos que constituye el centro del modelo de crecimiento con inclusión social, incluyó la implementación de Derechos de Exportación con énfasis en los productos primarios, complementada por las compensaciones y los subsidios.  Esta política ha permitido disociar el precio internacional de los bienes de exportación de su precio en el mercado interno, protegiendo de esa manera los ingresos reales de los argentinos.  En un contexto de suba generalizada del precio de los alimentos a nivel mundial, la implementación de estas medidas ha posibilitado que el precio de dichos productos en el país sea de los más bajos de la región.

Desde la economía real, se encaró una política fiscal de carácter contracíclico que no solo contribuyó a minimizar el impacto de la crisis internacional, sino que a su vez aceleró la recuperación del sendero de crecimiento previo a la crisis.  Una decisión que contribuyó a incrementar la capacidad de intervención y a preservar los ingresos de los jubilados y pensionados fue la sanción de la ley 26425, que eliminó el Régimen de Capitalización individual y configuró el regreso a un sistema único de previsión social basado en un régimen de reparto.

La política contra cíclica se materializó también en la aceleración de la ejecución de los programas de inversión pública preexistentes y el impulso de nuevos proyectos, que empujarían la demanda y por consiguiente la actividad económica.  Asimismo, con el objeto de asegurar una inversión pública mejor y más eficiente, se creó el Fondo Federal Solidario, transfiriendo a las provincias recursos provenientes de los derechos de exportación de la soja y sus derivados. 

Además de las políticas orientadas a impulsar la demanda agregada, se tomaron medidas enfocadas a evitar los ajustes de personal que suelen realizar las empresas en períodos de crisis.  El denominado Programa de Recuperación Productiva se convirtió en una poderosa herramienta en este sentido, destinado a subsidiar a trabajadores que se desempeñen en el sector privado de la economía.  El programa consta de un subsidio por trabajador de US$ 138.95 al mes por un plazo máximo de un año.  La importancia de esta herramienta se refleja en el incremento de solicitudes que tuvo lugar como consecuencia de la crisis internacional.  Así, en plena crisis internacional, un total de 2.769 empresas pudieron acceder al mencionado subsidio con un promedio de destinatarios por empresa de 52 trabajadores lo que permite resumir que en 2009 gracias a esta política se preservaron 143.988 puestos de trabajo.

Finalmente, la citada política de ingresos también mejoró en forma significativa la capacidad de gasto de la población, provocando un estímulo al crecimiento del mercado interno.  La recuperación de dos de las instituciones clave del mercado de trabajo, como son el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y las negociaciones en paritarios en las distintas ramas de la actividad económica, ocuparon un rol central para este objetivo.  En cuanto a la evolución del SMVM, el mismo pasó de un valor de US$46,32 en 2003 hasta los US$532,65 de la actualidad.  En el mismo sentido, el Haber Mínimo Jubilatorio, que en 2003 era de US$34,74, alcanzó los US$342,52 en la actualidad. 

  

En un mundo convulsionado por una crisis financiera y del modelo de acumulación neoliberal que pareciera no tener fin, nos es dable la necesidad de plantear el debate –solo a los efectos de ponerle fin de una vez y para siempre-, de Gasto Social Vs. Inversión Social.

 

Y en esto la República Argentina quiere dejar sentada claramente una posición.  Siempre que se vea en la Inversión Social a un Gasto, este será pasible de ser recortado como medida de ajuste ante situaciones de apremio económico de un país.  Y estas medidas, nuestra triste historia reciente hasta el 2003 nos permite hablar con cierta autoridad en la materia, no es más que transferir las peores  consecuencias de las crisis coyunturales de la economía globalizada a los únicos que no pueden hacer nada para defenderse de aquellas.  Y esta medida, lo sabe nuestro país, y pronto lo sabrán (sin ánimo de plantear una profecía) aquellos Estados que, protegiendo su sistema financiero y al capital transnacional, recortan las  prestaciones sociales y los estímulos a la producción (la economía real), en una lógica de reducir “gastos”.

Por ello, sostenemos que el “gasto social” no es gasto, sino “Inversión Social”, ya que los gastos son pasibles de recorte, la inversión no.

Por ello, en nuestro país, el objetivo de inversión en el área social constituye uno de los pilares fundamentales de la gestión de gobierno que sostiene y acompaña el crecimiento económico permitiendo incrementar los niveles de transformación que se están logrando desde el comienzo de la recuperación de la inversión, como política de estado desde el año 2003.

La inversión que realiza el Sector Público reviste particular importancia dado que coadyuva a un conjunto de prestaciones indispensables para el desarrollo de las distintas actividades productivas y para el bienestar general, en especial a la referida a la infraestructura básica de servicios.

Se prevé en el Presupuesto Nacional 2012, un incremento presupuestario del 17.1% para la función Promoción y Asistencia Social

La Inversión en Servicios Sociales totales previstas para el año 2012 asciende a más de 70.000 millones de Dólares estadounidenses, lo que constituye un 60% del Presupuesto Nacional total para el año 2012 y un 20.6% más que el año anterior.

Esta inversión como lo demuestra el monto, constituye una auténtica prioridad para el Estado Nacional, ya que está llamado a dar respuesta a la necesidad de incrementar la inclusión y equidad socioeconómica de la población y atender las responsabilidades indelegables del Estado.

 

 

 

El Proyecto Nacional asumido por el gobierno a partir de 2003, emprendió el camino de la recuperación política, social y económica del país de la mano de un Estado activo, presente y promotor del desarrollo con equidad social, a través de la política considerada fundamentalmente como herramienta para la transformación de la sociedad.

En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social, en cumplimiento de sus competencias, lleva adelante un proceso de construcción de políticas sociales integrales, que privilegia la mirada en la persona y en su contexto, actuando desde los derechos y capacidades, no sólo desde las meras carencias. Con este marco rector, impulsa políticas sociales inclusivas para el desarrollo integral de la persona, su familia y su entorno, fomentando la organización y participación popular. De tal manera, la política social se constituye en instrumento de realización y restitución de derechos sociales y de promoción de la sociedad organizada, centrado en la persona a la vez que en a trama social.

Dos ejes articuladores guían la implementación de esas políticas en todo el territorio argentino: la familia y el trabajo.

El trabajo es una actividad clave en la vida del ser humano, tanto para el desarrollo de sus capacidades personales, como para el de su familia y su comunidad. En el ámbito laboral, las personas sociabilizan y crecen con dignidad. Es por ello que el trabajo es el mejor organizador e integrador social y constituye la herramienta más eficaz para combatir la pobreza, distribuir la riqueza y generar horizontes inclusivos de desarrollo, integración y realización humana y social.

Las políticas sociales enfocadas en la inclusión social con trabajo se enmarcaron en un principio, en el Plan Nacional de Economía Social y Desarrollo Local. Desde los inicios de esta polìtica hasta la última etapa modificatoria, que apunta al Desarrollo de la Economía Social con Escala y Trazabilidad, tuvo siempre como objetivo la oferta de Herramientas e Instrumentos orientados a la mejora de las capacidades de las personas y sus grupos familiares mediante el apoyo económico y organizacional a Emprendedores, Unidades Productivas que implicaran mano de obra intensiva y grupos vulnerables desempleados. Asimismo, el Plan siempre buscó configurarse como un puente de reinserción laboral de las Personas y Grupos sociales que el Mercado de Trabajo ha ido excluyendo o que le cuesta incluir, generando empleo, puestos de trabajo y mejora en la calidad de vida de las familias mediante actividades económicamente sustentables.

Desde la construcción de estrategias que permitan articular y/o crear oportunidades para promover dichos desarrollos, el 6 de agosto de 2009, se dispuso la creación del Programa Ingreso Social con Trabajo, como una nueva herramienta que contribuye a la inclusión y el desarrollo de las capacidades sociales y ocupacionales.

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El Programa Ingreso Social con Trabajo se incluye dentro de las líneas de acción del eje ARGENTINA TRABAJA que, junto con el FAMILIA ARGENTINA, constituye uno de los dos Ejes Centrales de las acciones que desarrolla articuladamente el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Se origina en el contexto de la emergencia de la crisis internacional de 2008-2009. Implica el fomento de prácticas organizativas solidarias, de recuperación de la dignidad del trabajo, la educación, el cuidado de la salud, el mejoramiento de espacios públicos y la promoción del trabajo asociado y el cooperativismo a través de la formación de cooperativas de trabajo para la realización de obras de baja y mediana complejidad, articulando los diferentes actores sociales, teniendo como finalidad la inclusión social.

Está destinado a personas (Físicas y/o Jurídicas, Grupos Asociativos, Empresas Recuperadas) en situación de alta vulnerabilidad socio-económica, que no cuentan con otros ingresos, provenientes de empleo, pensiones, jubilaciones, planes o programas de ingreso, nacionales o provinciales y se propone mejorar la calidad de vida de las familias y los barrios más vulnerables, así como el desarrollo de las capacidades personales y sociales de los destinatarios, a través de la realización de obras de baja y mediana complejidad de mejora de espacios públicos y la formación de cooperativas de trabajo.

Específicamente persigue:

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Inclusión Social a través del Trabajo, tendiente a mejorar espacios de uso público y/o patrimonio comunitario. Promoviendo el desarrollo de capital humano y capacidades sociales de personas en situación de alta vulnerabilidad socio-económica a través de la generación de oportunidades socio-ocupacionales, percibiendo un incentivo (ingreso económico) de inclusión social que, junto a otras acciones, favorezcan procesos de integración social.

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Desarrollo de capacidades humanas desde una perspectiva integral, mejorando el acceso a la educación (terminalidad educativa, oficios) y formación integral; promoviendo el cuidado de la salud y optimizando el acceso a servicios, para el desarrollo de las potencialidades personales y sociales de la población-objetivo.

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Promoción de la organización cooperativa, a partir del acceso a espacios de asociación y organización; fomentando la constitución de cooperativas de producción y trabajo que puedan insertarse e insertar a sus miembros en el mercado.

Se instrumenta a partir de convenios con Entes Ejecutores (fundamentalmente gobiernos municipales y provinciales) para la implementación de proyectos acordes a las necesidades territoriales, que favorezcan la inclusión de los destinatarios del Programa, organizados en cooperativas de trabajo especialmente protegidas.

Las obras propuestas en dichos proyectos deben desarrollarse en espacios de dominio público, municipal, provincial o nacional, conforme a una serie de Módulos Constructivos incluidos en cuatro Componentes básicos: Infraestructura y Equipamiento Urbano, Saneamiento ambiental y producción comunitaria

Entre las líneas de acción iniciadas desde su creación al día de hoy, se destacan:

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Capacitación con Obras de Mejoramiento de Espacios Públicos: incorporación en actividades de mejora de espacios públicos, obras de baja o mediana complejidad.

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Alfabetización y Terminalidad Educativa: para destinatarios con escolaridad primaria o secundaria incompleta. Esta línea está abierta a familiares y vecinos de los cooperativistas, e incluye la difusión y promoción para la terminalidad de educación formal en los distintos territorios.

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Cuidado de la salud personal, familiar y comunitaria: incluye la participación de los titulares del Programa en talleres y cursos de capacitación, junto a actividades comunitarias de prevención en salud, vacunación e identificación de problemáticas específicas, identificación y capacitación a promotores de salud por grupo de trabajo.

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Integración laboral - Capacitación introductoria a la construcción y Acreditación de Oficios para Capataces: Además de capacitaciones específicas de introducción a la seguridad laboral y a la construcción, se comprende en estas líneas a las actividades cotidianas en las obras, las cuales favorecen el aprendizaje y entrenamiento en acción, vinculadas con las actividades de los proyectos en ejecución. También se inició el proceso de certificación de saberes de los capataces; para ello se han generado las articulaciones necesarias para que puedan reconocerse por los organismos  correspondientes (educativos y gremiales) los saberes previos, mediante evaluación de idoneidad con entrega de las adecuadas certificaciones. Esto también favorece las condiciones de empleabilidad.

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Formación ciudadana y recuperación de la cultura del trabajo: Incluye diversos dispositivos de autoreconocimiento, reflexión y valoración de la trayectoria de vida en relación con las particularidades y análisis de distintos momentos del contexto histórico, favorecedores del recupero de la estima de sí, la relación entre ciudadanía-Estado; la promoción de la participación social y comunitaria.

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Formación de Promotores de Participación Político Sociales: incluye esta línea un programa de capacitación con talleres de formación que tiene por objetivo identificar potenciales Promotores.

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Promoción de la organización cooperativa: Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica a los grupos asociativos para la comprensión del funcionamiento organizativo, el aprendizaje de los aspectos administrativos, la operatoria cooperativa y los libros sociales.

• Incentivo de inclusión: Prestación monetaria que implica la liquidación mensual del ingreso (US$ 278 por cooperativista -a través del sistema de tarjeta bancaria- más el  pago de una parte del Monotributo Social, lo cual le permitirá acceder a los beneficios de la seguridad social y a una cobertura de salud), conforme a la participación de cada titular, que cumple los criterios de elegibilidad y permanencia, en actividades propias del Programa.

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Polos productivos: consisten en la generación de espacios de producción y capacitación (como “fábricas-escuelas”) constituidos por los propios cooperativistas de aquellos elementos utilizados como insumos de los módulos constructivos (fabricación de caños, de bloques de intertrabado, de aberturas, herrería, etc.). Esta línea tiende con mayor énfasis a la autonomía productiva de la cooperativa, dado que inicia con la fabricación de insumos para las otras cooperativas, promueve profundizar los procesos económicos y organizativos para la comercialización a terceros, y permite el aprendizaje de un oficio para diversos asociados.

La interrelación de todas las líneas de acción favorece la inclusión social considerando distintas dimensiones de la vulnerabilidad y la pobreza en las familias argentinas a las cuales va destinado el Programa, promoviendo desarrollo humano, social y productivo, desde la perspectiva integral del derecho humano y la economía social.

 

• Proyectos Socioproductivos "Manos a la Obra que promueve el desarrollo integral de las distintas localidades y regiones de nuestro país a través del impulso de proyectos productivos individuales, familiares o asociativos que fomentan el autoempleo e incorporan a la economía bienes y servicios de buena calidad a precios justos.  Se promueve asimismo, la inscripción de los emprendedores en el Monotributo Social, la conformación de redes poniendo a los emprendedores en contacto con otras organizaciones de la Economía Social, para que puedan compartir sus experiencias y replicar sus logros. Los proyectos socio-productivos pueden presentarse en el marco de distintas unidades económicas. Dependiendo de cuál de ellas se trate, variará el tipo de apoyo a recibir y los requisitos para su solicitud; a saber: 
  • Talleres Familiares y de Grupos Comunitarios: Es un programa  que provee equipamiento e insumos a emprendimientos familiares o comunitarios básicos.  Busca generar cadenas productivas o proyectos integrales de desarrollo local.  Supone la puesta en marcha de actividades en pequeña escala, basadas en un “oficio o saber hacer” que le permite a la familia generar sus propios ingresos.  Los Talleres permiten el autosostenimiento y autoconsumo con la posibilidad de generar excedentes. Pueden necesitar de una posterior reinversión para su crecimiento, acompañada por las otras herramientas e instrumentos, diseñados para este segmento de personas en condiciones de vulnerabilidad económica; por ejemplo, Monotributo Social, Microcrédito y el Fortalecimiento de Actores de la Economía Social. Su equipamiento, herramientas e insumos son provistos directamente por el Ministerio de Desarrollo Social.
  • Asociativos, Pre-cooperativos, Comerciales y Productivos Comunitarios: Están dirigidos a grupos de hasta 5 integrantes que llevan adelante una actividad en conjunto y que requieren apoyo para la obtención de materia prima, herramientas, máquinas y adecuación de instalaciones para el desarrollo de su capacidad productiva y comercial.
  • Encadenamientos productivos. Se trata de un grupo de unidades económicas que constituyen los eslabones de una cadena productiva (vertical u horizontal) y que requieren apoyo para trabajar integradamente y potenciar esfuerzos, sumando así valor agregado a los productos. La articulación debe impactar sobre la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo generados y sobre la sustentabilidad del proyecto.
  • Servicios de apoyo a la producción. Consisten en emprendimientos complementarios que brindan servicios o proveen bienes a otros emprendimientos de la Economía Social y requieren apoyo para optimizar su capacidad productiva.
  • Empresas autogestionadas. Se trata de empresas de bienes o servicios que han sido recuperadas o están en proceso de serlo y se encuentran bajo el control de sus trabajadores. Incluye también todo tipo de empresas cooperativas y mutuales. El apoyo consiste en acompañamiento, asistencia técnica legal y/o contable con el objetivo de aumentar los niveles de competitividad y de eficacia productiva.

Todos estas estrategias de inclusión socio-laboral cuentan desde el Estado, con las siguientes herramientas para su consolidación, fortalecimiento y sustentabilidad:

• Registro de efectores para el desarrollo local, como herramienta para fortalecer la economía social y promover la inclusión, tendiente a promover pequeños emprendimientos, sustentados por personas que habían perdido su ocupación o no tenían posibilidades de insertarse en el mercado laboral (siempre que sea su única actividad productiva).

La actividad económica debe ser sustentable en el marco del Desarrollo Local y la Economía Social, respondiendo al perfil productivo de su región. Esta medida fortalece los proyectos en marcha e impulsa la creación de nuevas iniciativas, recuperando las capacidades y valores que identifican a los emprendedores, permitiéndoles participar en la economía en igualdad de condiciones.

El efector social quedará inscripto dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -Monotributo social-, por medio del cual abonando mensualmente el 50% del componente social, habilitándolo a: Emitir factura oficial, Acceder a una obra social de libre elección para los titulares y su grupo familiar, acceso al sistema jubilatorio y podrán ser proveedores del Estado a través de la modalidad de contratación directa. Al día de hoy están registradas más de 493.200 personas, lo que nos permite decir que la Economía Social incluye y está dejando atrás para muchos el estigma de la “economía informal”. 

• Microcrédito: Con la Sanción en 2006 de la Ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social. La misma apunta a estimular el desarrollo y el acceso al crédito con fines productivos de grupos vulnerables, constituyendo una herramienta fundamental para disminuir la pobreza, enmarcado en el compromiso de nuestro país para con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son destinatarios de los Microcréditos las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de Economía Social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales no superen las CINCUENTA (50) canastas básicas totales para el adulto equivalente, por puesto de trabajo.  Constituye un hecho sin precedentes porque a diferencia de otras experiencias con Microcrédito, en nuestro país ha sido el Estado Nacional quien asumió un compromiso inédito en la promoción del sector compuesto por emprendedores de la economía social, aportando los fondos, a los que se le fija una tasa de interés máxima del 6% anual, muy por debajo de la tasa de mercado. Más allá del hecho fundamental que constituye proveer de microcrédito, asistencia técnica y capacitación a emprendedores excluidos de cualquier otro circuito financiero, el subsidio a la tasa de interés se constituye en un poderoso instrumento de distribución del ingreso.

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Marca Colectiva: En el año 2008 nace la figura de Marca colectiva para estimular el desarrollo integral de emprendedores de escasos recursos.  Conforme lo declara la mencionada ley, se designa con este nombre a todo signo que distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social.  La misma facilita la incorporación al sistema legal a los productos provenientes de la economía social y tiene directa relación con la Ley de Microcréditos, buscando fortalecer la producción y comercialización de los emprendimientos de la economía social, permitiendo de esta forma mejorar la calidad de los productos/ servicios y procesos de producción, brindar herramientas para que puedan aumentar sus ventas y generar valor agregado, rescatar los valores asociativos, fomentar la igualdad de oportunidades a los titulares de derecho.  Otorga valor agregado y mayor visibilidad a los productos y servicios de los emprendedores, posibilitando además la  inserción al mercado con lógica de producción en escala o de  diferenciación.

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Comercialización y Compre Social: Comprende proyectos de fortalecimiento de espacios comerciales y de procesos de comercialización de productos.  La finalidad de las estrategias de comercialización es mejorar la articulación entre las actividades productivas, las de intercambio y las de consumo. Se busca que los emprendimientos de la economía social incorporen estrategias de mercado, comercio justo y consumo responsable, fortaleciendo los canales comerciales.  Además, se generan espacios de exposición e intercambio, tiendas de ventas de productos e inserción en corredores productivos, así como el fortalecimiento y generación de cadenas de comercialización que vinculen a distintos emprendedores de la economía social.  En el caso de “Compre Social”, su objetivo es la generación y/o fortalecimiento de canales de desarrollo de proveedores y productos de la Economía Social, vinculados con la capacidad de compra que poseen los organismos públicos en los tres niveles de la administración.

Algunos datos relevantes de las acciones en torno al Eje de Inclusión Socio Laboral “Argentina Trabaja”

• De los 5 millones de puestos de trabajo creados en nuestros país en los último 8 años, más del 10% se generó a través de emprendimientos productivos en el ámbito de la Economía Social o Solidaria.
• 159.215 cooperativistas agrupados en 2.333 cooperativas realizan actividades en torno a la las acciones de Ingreso Social con Trabajo. En 2012 se estima alcanzar mediante esta iniciativa una cobertura de 170.000 personas. 

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Se priorizó incluir en las cooperativas a personas que constituyen el “núcleo duro de la desocupación”: jóvenes - el 68 % tiene menos de 40 años, y el 30 % tiene entre 18 y 25 años - siendo en la mayoría de los casos ésta su primera experiencia ocupacional, fundamental como entrenamiento para el trabajo y ámbito de adquisición de habilidades y capacidades organizativas.

• 31.000 cooperativistas hoy se encuentran terminando su escolaridad básica y obligatoria: 1.000 alfabetizándose, 4.000 están finalizando sus estudios primarios y 26.000 están completando sus estudios secundarios.

 

 

La familia es el primer espacio en el que las personas crecen, aprenden, construyen y comparten valores.  No son entonces los individuos aislados quienes se encuentran afectados por la pobreza sino el grupo familiar el que sufre las consecuencias de una situación social desfavorable. La familia, junto a la escuela y al trabajo, se constituye como ámbito fundamental para la organización y el desarrollo de la vida en comunidad.

Por eso, la República Argentina trabaja en la protección y la promoción de la familia como eje fundamental de las políticas públicas destinadas a impulsar la integración social, la protección de los derechos, el desarrollo pleno de todos sus miembros y la inclusión social.

Como Estado, no negamos la asistencia, hacerlo sería dar un salto en el vacío, pero sí debemos aseguramos, que se ejercite en un marco de ética práctica, apoyado y traducido en valores emancipadores y de respeto hacia la persona. En este escenario, si la familia requiere asistencia, se lo hace desde la transferencia ética de bienes o de ingresos, pero articulados a políticas de promoción, para generar empleo, que resulta ser, como ya dijimos, el mejor integrador social.

En cuanto a las Acciones de Promoción y Protección Social, mayormente insertas en el EJE FAMILIA ARGENTINA, tienen como objeto brindar atención a nivel asistencial y promover acciones de desarrollo y/o emprendimientos comunitarios, a través de la entrega de subsidios personales para la atención de la salud (ayuda médica para la compra de elementos de salud, tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, transplantes, medicamentos y ayudas económicas) a personas en situación de pobreza extrema y sin cobertura médica. 

Asimismo se destacan las acciones en materia de Promoción y Asistencia Social tendientes en su mayoría a la restitución de los derechos en dos áreas consideradas estratégicas, con eje en la familia y la generación de empleo genuino.  Estas políticas se llevan adelante a través del Ministerio de Desarrollo Social en forma articulada con otros organismos, y a través de una estrategia de la inserción territorial de las políticas sociales.

 

 

 

Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes

Ente las transformaciones notables en relación a las políticas destinadas a la niñez y la adolescencia se destaca la vigencia y el cambio de paradigma operado a través de la Ley Nº 26.061 de “Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes”  que expresa la decisión política de concebir como Política de estado la garantía a los derechos de uno de los grupos sociales más vulnerables.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se vienen desarrollando distintas iniciativas tendientes a la promoción, protección y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes en cada rincón del país, generando protocolos y estándares mínimos que sean respetuosos de los derechos, para el abordaje de cada una de las distintas problemáticas que afectan a nuestros niños y niñas.

Se trata de un mecanismo que reúne todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los principios, derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino.

El sistema de protección integral se conforma por los siguientes niveles:

a) A nivel nacional, se creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), como organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

b) A nivel federal, se estableció el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), como órgano de articulación y concertación, para el diseño, planificación y efectivización de políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la República Argentina.

c) A nivel provincial, cada jurisdicción determinó una dependencia encargada de la planificación y ejecución de las políticas de la niñez.

Entre las principales líneas de acción se destacan:

• Centros de Desarrollo Infantil, como espacios destinados a la atención integral de la primera infancia con el objeto de brindar los cuidados adecuados e imprescindibles, complementando, orientando y coadyuvando en su rol, a las familias desde una función preventiva, promocional y reparadora.  Destinados a los niños y niñas en la franja de edad desde los 45 días a los cuatro años de edad. Asimismo, se contempla que el proyecto institucional del mismo debe formularse contemplando la situación particular del territorio donde se inscribe, contemplando necesidades y demandas de las familias y comunidades. En estos espacios se implementan actividades que hagan a una saludable y equilibrada conciliación de la vida laboral y familiar prevaleciente en cada comunidad; actividades y espacios que estimulen la inclusión de niños y niñas con capacidades especiales; garantizar acceso a servicios sanitarios locales; asegurar el acceso a las necesidades alimentarias, control periódico y desarrollo de cada uno de los niños y niñas, entre otros.
• Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes (2012-2015) definida como una herramienta común de planificación que plantea las grandes líneas estratégicas de desarrollo de las políticas de niñez, adolescencia y familia para los próximos cuatro años.  constituye un mecanismo integrador que prioriza objetivos, establece metas, articula acciones, sugiere adecuaciones normativas e impone pautas de monitoreo y seguimiento de políticas activas que, respondiendo a la nueva legalidad y la nueva institucionalidad, garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, como política de Estado.

• Programa Nuestro Lugar que propicia la participación activa de niñas, niños y adolescentes en los temas que los involucran, demandando al Estado a generar un gran número de herramientas para acompañarlas.  En este sentido, desde 2009 se desarrolla el que consiste en la convocatoria a las y los adolescentes de entre 14 a 18 años a un concurso a nivel nacional de presentación de proyectos realizados por ellos, siguiendo distintas categorías como deporte y recreación, ciencia y tecnología, imagen y sonido, educación social.  El objetivo es generar canales para que los adolescentes puedan expresarse, manifestar sus opiniones e ideas y ser escuchados.
• Derecho a la Identidad: por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 90/2009, se facilita la inscripción en los Registros Civiles de niños y niñas de hasta 12 años que aún no están inscriptos. Este instrumento implica la facilitación y remoción de obstáculos para la procedencia de la inscripción de nacimientos, con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad de las personas.
• Proyecto “Jardines de Cosecha”, de combate al trabajo infantil. Esta experiencia es llevada en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y empresas integrantes de la Red de empresas para la lucha contra el Trabajo de Infantes. El objetivo de los mismos es poder dar respuesta a la necesidad manifestada por los trabajadores rurales de poder dejar en lugares adecuados a sus hijos e hijas menores durante la época de cosecha.  No solo se trata de espacios que cubren los cuidados básicos de los niños, sino que también les dan contención y la posibilidad de desarrollar actividades de atención integral a la infancia.

 

Seguridad Alimentaria y Nutricional

En relación a garantizar el derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria busca garantizar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad social a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país. También impulsa acciones complementarias relacionadas con la atención primaria de la salud y el desarrollo comunitario, promoviendo la educación alimentaria y nutricional, apoyando la autoproducción de alimentos y fortaleciendo a la escuela como promotora de crecimiento y desarrollo.

El Plan avanzó de manera unificada con todas las acciones destinadas a la problemática alimentaria profundizando el impacto, articulando acciones del Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales, los Municipios, las escuelas, los centros de salud, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad, sobre la base de dar asistencia alimentaria de acuerdo a las particularidades y costumbres de cada región del país, facilitando la autoproducción de alimentos por parte de las familias.

En esta idea constante de afianzar el ejercicio de los derechos, es relevante mencionar la entrega de tickets y tarjetas de compra de alimentos que, acompañados por un programa de capacitación, significan una oportunidad para que las personas recuperen la dignidad que implica poder elegir sus propios alimentos de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y costumbres, afianzando el objetivo de fortalecer la comensalidad familiar.

Adicionalmente, a través del Programa PROHUERTA se profundizan las acciones tendientes a la promoción de una alimentación autosustentable a partir del apoyo técnico y de la organización de pequeñas unidades productoras, que buscan fomentar el uso de alimentos frescos en huertas, previéndose para el 2012 la conformación de 580.000 huertas familiares, 3.000 huertas comunitarias y 7.200 huertas escolares.

Plan de Abordaje Integral en el Territorio

Considerando que la pobreza significa mucho más que un problema de ingresos, es decir tiene causas y factores económicos, culturales y sociales, el Plan Nacional Ahí prioriza las zonas en situación de alta vulnerabilidad social, localidades rurales, parajes, población dispersa, grandes aglomerados y comunidades de pueblos originarios.

Mediante el trabajo conjunto y articulado de los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, asociados a los distintos actores de la comunidad, se trabaja estableciendo cuatro polos de intervención:

-       

Organización social: construcción y consolidación de las Mesas de Gestión Local, la promoción de derechos, organización de talleres recreativos y culturales, formación de promotores juveniles, puesta en marcha de bibliotecas populares, orquestas y bandas infantiles y juveniles, desarrollo de actividades deportivas, fortalecimiento de centros de jubilados

-       

Productivo y de servicios: asistencia y financiamiento a la producción familiar para el autoconsumo, apoyo técnico, capacitación y acompañamiento en el diseño e implementación de emprendimientos productivos de la Economía Social y sus herramientas, puesta en marcha de cooperativas.

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Prestaciones y servicios (salud, educación y trabajo): cuidado de la salud para embarazadas y niños, acceso a becas y materiales de estudio, fomento a la terminalidad educativa, capacitaciones en oficios, inserción de jóvenes al mercado laboral, atención de adultos mayores, promoción de derechos de personas con discapacidad, asesoramiento y gestión de pensiones no contributivas, asistencia directa en situaciones críticas.

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  Infraestructura y equipamiento social: edificación de viviendas, y Centros Integradores Comunitarios rurales y móviles, construcción de redes de saneamiento, desarrollo de energías alternativas, construcción de playones deportivos, creación y mejoramiento de vías de acceso y comunicación.

El Plan se caracteriza por llegar donde el Estado nacional no ha llegado, trabajando por la inclusión de personas y comunidades aisladas geográfica y socialmente, poner en marcha un abordaje integral que supere las intervenciones fragmentadas.

 

Fortalecimiento e Infraestructura Comunitaria

Los “Centros Integradores Comunitarios” (CICs) que integran desde el territorio planteando un trabajo interdisciplinario e intersectorial combinando no sólo la atención primaria de la salud y el desarrollo social, sino también la posibilidad de que las comunidades cuenten con un espacio de encuentro y puedan participar, discutir y priorizar las acciones que transformen su realidad cotidiana. En este sentido, las Mesas de Gestión conformadas por lo actores locales deciden en forma participativa las líneas de intervención, sobre la base de las necesidades locales detectada.  Las líneas de trabajo hacen eje en la economía social, la restitución de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, recreación, cultura y deporte. Se promueve la formación y capacitación cono herramientas de los procesos de cambio y como oportunidades para el desarrollo de las capacidades y saberes locales.

Actualmente, se han construido o reacondicionado mediante cooperativas de trabajo cerca de 650 CICs a lo largo del país.  En 2012, el Ministerio de Desarrollo Social junto al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios avanzarán en la construcción de 54 CICs más.

 

 

 

Sobre La Asignación Universal Por Hijo Para La Protección Social

La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, implementada hacia fines de 2009 es la política de transferencia de ingresos a favor de la niñez más importante de toda Latinoamérica.  El plan alcanza a unos 3.562.000 niños, niñas y adolescentes (más del 90% del universo de potenciales destinatarios) que, reciben una suma de US$ 62.5 por mes.  La misma se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe equivalente a 5 menores.

Creada en el 2009, es una asignación familiar destinada a los niños, niñas y adolescentes (hasta los 18 años o que sean emancipados) residentes en el país, que no tengan otra asignación familiar en el marco del régimen general de asignaciones familiares para trabajadores formales y que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o trabajando en el sector informal.

Adicionalmente, en mayo de 2011, se creó la Asignación por Embarazo para la Protección Social, que consiste en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abona a las mujeres embarazadas, a partir de las 12 semanas de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.  La misma es una prestación única, aún cuando se trate de un embarazo múltiple, y no es incompatible con la AUH.

No obstante la percepción de este ingreso tiene una condicionalidad, ésta solo afecta el 20% del ingreso a recibir. El 80% del monto previsto se abona mensualmente a los titulares de las mismas con tarjeta magnética, mientras que el restante 20% será reservado a una caja de ahorro a nombre del titular en el Banco de la Nación Argentina.  Este acumulado podrá ser retirado una vez al año, y sólo a condición de entregar los certificados de salud y educación, ya que se establece la obligatoriedad de los controles sanitarios y del plan de vacunación para los niños menores de 4 años de edad, así como la concurrencia a establecimientos educativos públicos para los niños de 5 a 18 años de edad.

Los monotributistas sociales se encuentran alcanzados por las previsiones de la asignación.

En concreto y poniendo en números duros el alcance realmente universal de esta acción, mencionamos que, los titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social incorporan un total de 3.562.000 niños y niñas, totalizando al momento la inclusión de más del 90% de los niños y niñas en el sistema de seguridad social, lo que lleva a un total (con los que se encuentran amparados en el Régimen de Asignaciones Familiares) a 10.000.000 de niños y niñas.

Los logros conseguidos con esta medida han sido extremadamente importantes.  Hemos reducido significativamente la indigencia en las personas menores de 18 años, se ha logrado aumentar la matrícula en el nivel medio (donde existe mayor deserción) en un 20% desde el lanzamiento de la medida.

 

Políticas De Seguridad o Previsión Social

Las políticas de Protección y Promoción Social se complementan con todas aquellas políticas denominadas de Seguridad Social o de Previsión Social, reconocidas por ser aquellas destinadas a cubrir contingencias sociales de los trabajadores asociadas a la vejez, la invalidez, las cajas de familia y el desempleo.  Dentro de esta función se destacan las transferencias destinadas al pago de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino y de las cajas de previsión social provinciales transferidas – a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)-, los retiros y las pensiones de los regímenes de pasividades de las Fuerzas de defensa y de seguridad, y las pensiones no contributivas que administra el Ministerio de Desarrollo Social.  Asimismo, la ANSeS tiene a su cargo la atención de las pensiones a excombatientes de Malvinas, las prestaciones correspondientes a las asignaciones familiares, tanto para trabajadores activos como pasivos, el pago del seguro de desempleo para los trabajadores en relación de dependencia que cotizaron al Fondo Nacional de Empleo, la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, y la Asignación por  Embarazo para Protección Social.

Desde el año 2004 se vienen instrumentando diversas medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, que han alcanzado su mayor expresión en la sanción de la Ley 26417 de Prestaciones Provisionales, destacándose que, en cumplimiento de la misma, en marzo de 2011 los haberes provisionales aumentaron un 17.33%, fijando el beneficio mínimo en US$284.47 y en septiembre de 2011 se otorgó un nuevo incremento del 16.82%, elevando el haber mínimo a US$332.32

Los aumentos provisionales a partir de 2009 han sido resultado de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece la movilidad de los haberes provisionales en forma automática, vinculando la evolución de las prestaciones a los salarios de la economía y a los ingresos del Sistema Integrado Provisional Argentino, garantizando así la movilidad y cuidado a la vez la sustentabilidad del sistema previsional.

El Plan de Inclusión Provisional, destinado a revertir el impacto negativo del desempleo masivo y el incremento del trabajo informal generado por el neo-liberalismo y la política económica de los 90’s brinda la posibilidad de acceder a una jubilación o pensión al llegar a los 60 o 65 años respectivamente.  Este plan ha permitido que cerca de 2.375.000 personas en edad de jubilarse, pero sin los aportes necesarios para ello, puedan acceder a una jubilación digna, llevando la tasa de cobertura provisional desde el 49% que tenía hacia fines de la Convertibilidad a más del 85%

 

 

 

• Pensiones No Contributivas:

El objetivo principal de esta política consiste en promover el acceso a derechos de personas y familias en situación de vulnerabilidad social mediante la asignación de pensiones que no requieren de aportes para su otorgamiento.

Esta herramienta basa su funcionamiento por un lado, en una mirada social integral, que comprende a las personas como sujetos de derecho con sus particularidades sociales, económicas y regionales; por otro lado, en el trabajo territorial, que prioriza el contacto directo con los sectores más vulnerables y con las zonas de menor acceso a la información.

Se trata de un derecho que tienen aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social sin amparo previsional o no contributivo, que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo. Las pensiones no contributivas, están destinadas a personas que se encuentran en alguna de las siguientes categorías:

a)   

Pensiones a la vejez (a personas mayores de 70 años);

b)  

Madres de 7 o más hijos biológicos o adoptivos;

c)   

Discapacidad (dirigida a aquellas personas que presentan un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 76% comprobable por el Baremo Nacional establecido en el Decreto 478/98.

En todos los casos, los titulares de este derecho cuentan con cobertura médica integral administrada por el Programa Federal de Salud (PROFE) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

El conjunto de estas pensiones es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, y se  agrupan  en dos modalidades: pensiones graciables o pensiones asistenciales, según sean otorgadas por el Poder Legislativo o Ejecutivo, respectivamente.

El Gobierno Nacional ha resaltado y definido acertadamente en su política la característica de derecho que poseen los ciudadanos en situación de vulnerabilidad a recibir estas pensiones en contraposición al de beneficio.

A diciembre de 2011, 1.160.651 titulares de derecho acceden a pensiones no contributivas.

 

 

 

 

Las políticas dirigidas a los adultos mayores, se ejecutan y articulan desde el Ministerio de Desarrollo Social, centrando sus acciones desde una perspectiva de integralidad, que considera a los mayores, sus núcleos familiares, sus organizaciones y comunidad, como sujetos de políticas públicas.

Desde el año 2003, desde el Gobierno Nacional se ha otorgado una clara prioridad a las políticas dirigidas a las personas mayores. Se tomaron medidas para garantizar la seguridad económica, aumentando la jubilación mínima que estaba sumamente retrasada después de más de diez años de congelamiento. La Ley de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público permitió que la prestación mínima acumule un aumento superior al 598% a la fecha.

Estos avances se desarrollan en el marco de un sistema previsional que amplió significativamente su cobertura: en un período de 10 años la cobertura de jubilación o pensión ascendió para la población total de 65 años y más de 70,5% en 2001 a 93% en 2010. Los varones de 65 y más ampliaron la cobertura de 73,2% en 2001 y 89,7% en 2010, mientras que las mujeres de 60 años y más que tienen jubilación o pensión pasaron del 60% en el año 2001 al 88,3% en 2010. El sistema argentino se convirtió así en uno de los sistemas previsionales más igualitarios y de mayor cobertura de América Latina. 

Las medidas tendientes a garantizar la seguridad económica entre los adultos mayores lograron la disminución de la pobreza desde el año 2003. La incidencia de la pobreza en las personas mayores descendió del 25,9% en el cuarto trimestre de 2003 al 2,3% en el cuarto trimestre de 2011. Por su parte la indigencia en las personas mayores descendió en el mismo período del 8,8%  al 0,8%. (Fuente EPH-INDEC).

Desde el ámbito legislativo, se presentó en el Honorable Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Protección Integral de Derechos de las Personas Mayores para garantizar desde un encuadre formal el ejercicio pleno de la ciudadanía.

En el marco del Consejo Federal de los Mayores, se acuerdan lineamientos generales para el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas al sector, tendientes a profundizar procesos de ciudadanía plena, inclusión social y particularmente mejorar la calidad de vida de la población mayor de nuestro país

Durante el 2011 se profundizó la implementación de políticas públicas gerontológicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores desde una perspectiva de derecho y ciudadanía plena a través de los siguientes programas, proyectos y acciones que vienen desarrollándose en el territorio desde el 2003: Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, Programa de Voluntariado Social, Proyecto la Experiencia Cuenta, Programa de Prevención de la Discriminación, el Abuso y el Maltrato hacia las personas mayores, Programa de Fortalecimiento Institucional y Curso para Responsables de Residencias y Centros de Día.

Entre otras acciones se destaca que el Programa de Prevención de la Discriminación, el Abuso y el Maltrato profundizó la ejecución de políticas orientadas a la difusión de derechos y prevención de la violencia hacia los mayores. Se han realizado importantes avances en la formación de voluntarios a partir del fortalecimiento de los Centros de Voluntariado Social de carácter intergeneracional. Los voluntarios realizaron actividades recreativas, cuenta cuentos, campañas solidarias, difusión de derechos, mejora de infraestructura comunitaria, entre otros. Ya llevamos formados 6300 voluntarios en todo el país.

 Se consolidó el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios como una política de Estado, evitándose de esta manera la institucionalización innecesaria de las personas mayores. Se amplió exponencialmente la cantidad de cuidadores domiciliaros formados, subiendo a 20.000 personas formadas como cuidadores y se fortalecieron las Cooperativas de Cuidadores Domiciliarios para Adultos Mayores como herramienta asociativa para la inclusión social y laboral de los cuidadores domiciliarios. Se profundizó la atención en su domicilio a adultos mayores, personas con discapacidad y personas con patologías crónicas e invalidantes a través de la implementación del segundo componente del programa, en todo el territorio nacional.

Se trabajó en la sensibilización de las diferentes Obras Sociales Nacionales y Provinciales, para la incorporación del servicio de cuidados domiciliarios para adultos mayores entre las prestaciones sociales brindadas, a través de recurso humano calificado y formado por el Programa Nacional.

Se capacitaron 16.000 personas jóvenes y de mediana edad en oficios tradicionales, en donde las personas mayores fueron los trasmisores de esos oficios, convirtiéndose para el Programa La Experiencia Cuenta, en el recurso docente que lleva adelante la capacitación. A  partir de dicha actividad, se revalorizaron los saberes y la imagen de los mayores fomentando las relaciones intergeneracionales.

Finalmente, es importante destacar que la República Argentina, a través del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra abocada, como una prioridad de Estado, en el panorama internacional y regional tanto en ONU como en OEA, a la elaboración de una Convención de Derechos para Personas Mayores.

 

 

El Ministerio de Desarrollo Social, es el organismo del Estado Nacional encargado de llevar a cabo las políticas públicas vinculadas a los jóvenes de entre 15 y 29 años.

Las políticas públicas de Juventud se construyen desde un enfoque de derechos, enfatizando la perspectiva generacional y con estrategias que tienen por objetivo la inclusión social de los y las jóvenes, a través de una importante articulación interinstitucional, dado que las mismas se construyen desde un enfoque de transversalidad e integralidad en el que se conjugan las respuestas programáticas compartidas y asumidas desde el Estado junto con la comunidad.

En esta línea de trabajar con una clara articulación interinstitucional y territorial es que se conformó el Consejo Federal de Juventud, con el propósito de diseñar las políticas públicas de Juventud, promoviendo la ciudadanía activa y participativa con y desde las juventudes, para que asuman un rol protagónico como actores estratégicos de desarrollo. El desafío es que el diseño, fortalecimiento y coordinación de las políticas públicas de juventudes sean cada vez más inclusivas, impulsadas desde el territorio y construidas colectivamente a partir de las voces, intereses y propuestas de los y las jóvenes. A su vez, es de gran relevancia para la planificación de acciones en el territorio la articulación con los diferentes espacios institucionales de juventud, tanto provinciales como municipales, promoviendo la representación federal.

Desde la perspectiva de las políticas públicas de Juventud, se las engloba en tres ejes centrales: Participación, Formación y Organización. Todo esto, se orienta bajo la premisa de las políticas sociales del gobierno argentino definidas en los ejes de Familia Argentina y Argentina Trabaja.

• Eje Participación Solidaria se piensa como una herramienta que hace foco en la inclusión social de las y los jóvenes. La participación entendida como un proceso de “formar parte de” las entreveradas dinámicas que asume lo social. Pero también, como un modo de empezar “a tomar parte” de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que se viven en nuestro país y en nuestra región. La participación implica involucrarse en las discusiones de la comunidad, en la toma de decisiones y actuar de manera colectiva, partiendo de propuestas legítimas para solucionar los problemas.
• Eje Formación se sustenta en un enfoque pedagógico  en el cual los espacios de formación son vistos como procesos de construcción colectiva de conocimientos. Se pretende generar espacios en donde se estimulen los saberes, se compartan experiencias cotidianas y se generan instancias de debate y reflexión. La política de formación es parte de un proceso de construcción de ciudadanía para la profundización de la democracia, delineando herramientas para la defensa de los derechos conquistados y como puntapié para la conquista de nuevos derechos.
• Eje Organización Popular como horizonte de todas las políticas implementadas, busca promover el protagonismo juvenil entendiendo que organizarse implica la responsabilidad de transformar la realidad de cada una de las comunidades. En este sentido se trabaja asumiendo que las y los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo y protagonistas del cambio en la profundización de un proyecto de país más equitativo e inclusivo. 

También se trabaja en torno al Desarrollo de Proyectos, tanto socio-comunitarios como emprendimientos productivos. A partir de los proyectos se busca fortalecen los procesos de organización consolidando herramientas de gestión y planificación a nivel local.

En este sentido se destaca la formación de Jóvenes Cooperativistas del Programa “Argentina Trabaja” Ingreso social con trabajo: Acompañamiento territorial de los procesos de formación. Vinculación de los y las jóvenes cooperativistas con los procesos organizativos existentes en el territorio. Articulación institucional con las áreas locales de juventud. Al concluir los procesos de formación se planifican actividades en los espacios públicos resignificando los lugares comunitarios en los que trabajan.

También relacionado con la inclusión laboral de los y las jóvenes, se implementa, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, destinado a jóvenes de 18 a 24 años de edad desocupados y con estudios primarios o secundarios de la educación formal incompletos, con el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral.  Las tareas consisten en diversas capacitaciones relacionadas con las necesidades de cada región sumadas a la posibilidad de finalizar los ciclos educativos primarios y/o secundarios, recibiendo en contraprestación una recompensa dineraria y se estima la atención de 130.000 titulares mensuales.

 

 

 

Algunos datos relevantes en relación a la Juventud

Un análisis detenido de las políticas públicas desarrolladas por el Estado durante estos últimos 8 años, nos permite proponer algunas ideas relevantes relacionadas con la construcción de una política integral de juventud en el marco de un proyecto de la Nación Argentina que se encuentra en construcción.

A continuación algunos datos relevantes en cuanto al cambio de las condiciones en la Juventud de nuestro país durante el  período 2003-2010:

• El número y el porcentaje de jóvenes en condición de pobreza se redujo de manera ostensible desde el año 2003. En ese año, 5 de cada 10 jóvenes (50 %) se encontraban por debajo de la línea de la pobreza. Para el año 2010 se registra que el 10,6 % de jóvenes aún están en esta condición.
• Los niveles de escolarización en la educación secundaria se incrementaron desde el 2003 al 2011 de 43 % a 59%.
• En relación a las condiciones de educación de los y las jóvenes, el incremento en los últimos 8 años ha sido significativo. Así, el porcentaje de jóvenes de 15 a 18 años que asisten a la escuela pasó de 78 % a 83 % desde el 2003 al 2011; en el tramo de 19 a 24 años se incrementó de 40 a 42 % en el mismo lapso; y, en el grupo de 25 a 29 años, el porcentaje pasó de 18 % a 20 %.
• En relación con el ingreso, los datos actualizados del 2010, nos indican que en el lapso 2003-2010, si bien el conjunto de la población argentina vio aumentar sus ingresos promedio en 363 %, el incremento de los ingresos en promedio de los jóvenes fue aún mayor: 411 %.
• Desde el año 2003, se han creado 5.000.000 de empleos en la Argentina. Los datos indican que de este total, cerca del 50 % son empleos que incorporan a las y los jóvenes al mercado de trabajo.
• Otro dato altamente significativo es la reducción de la población joven analfabeta (entre 15 y 24 años de edad), que de 3,2 % en el año 2003 pasó a 0,5 % en el 2010.

Algunos otros datos sobre la los resultados de las políticas de juventud desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:

• 147.954 jóvenes son cooperativistas y emprendedores del programa “Argentina Trabaja” y del Plan “Manos a la Obra”, este dato representa el 35 % del total de los emprendedores y cooperativistas.
• Casi 1.100.000 jóvenes han participado y participan en las estrategias y programas deportivos tales como los “Juegos Evita”, “Argentina Nuestra Cancha”, “Campamentos”, “Deporte Federado”, entre otros.
• 15.000 jóvenes participaron de esquemas de Formación Ciudadana en diferentes temáticas: democracia participativa, historia latinoamericana, comunicación popular, derechos sexuales, cooperativistas del Programa “Argentina Trabaja”, Centros de estudiantes. Se proyecta para el año 2011 talleres de participación y formación de Centros de Estudiantes en 850 escuelas.

 

 

 

• Donde estábamos y hacia dónde vamos

La crisis social, económica y política que, afectó a la Argentina –y aunque no simultáneamente- a toda la región a fines de los 90 y principios del actual siglo, planteó crudamente el fracaso de las recetas neoliberales. Siguiendo las consideraciones vertidas por el Secretario General en su informe sobre “erradicación de la pobreza”,   “la desregulación, la liberalización, las privatizaciones y las políticas macroeconómicas restrictivas aplicadas por muchos países, aconsejados por las instituciones financieras internacionales, no han servido para abordar las acusas fundamentales de la pobreza y su relación con la desigualdad”.  Justamente eso  sucedió con la aplicación de las políticas neoliberales en Argentina. Sin derrame, sin distribución del ingreso, sin generación de empleo, sin cohesión social; con exclusión, marginación, fragmentación, desempleo, pobreza, indigencia y desigualdad; reveló la necesidad de repensar estrategias innovadoras para hacer frente a una realidad que era dolorosa y que no daba lugar a paliativos momentáneos exigiendo la presencia de un Estado activo que formulara y ejecutara una política social, de más largo plazo, de verdadero desarrollo humano integral.

La gravedad de aquella situación, se hace palpable en los crudos datos estadísticos.  Desglosando los porcentajes entre población pobre, indigentes y pobres no indigentes, en el segundo semestre de 2003, había un total de 18.308.000 argentinos y argentinas por debajo de la línea de pobreza (54%), 10.237.000 de los cuales eran pobres no indigentes, mientras que 8.071.000 (27,7%) se encontraban bajo la línea de indigencia

Dada esta coyuntura, la gestión inaugurada en el 2003 (con el Presidente Néstor Kirchner, profundizada por la actual Presidenta Cristina Fernández), con la fuerte impronta en la producción, la generación del trabajo decente y la superación de la pobreza, gestionado a través de este Estado nuevamente protagonista en la transformación de nuestra historia, reposiciona a la política como herramienta que hace posible los cambios. De esta forma, la política  económica se pone al servicio de la política social, la herramienta transformadora esencial en este nuevo paradigma.

Los frutos del modelo de acumulación orientado hacia la producción y el trabajo se reflejan en los indicadores sociales, los cuales dan cuenta de la superación de algunas metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La sostenibilidad y profundización de las políticas de inclusión, hizo que los índices y valores absolutos de población por debajo de la línea de pobreza y de indigencia, disminuyeran de manera ininterrumpida a lo largo de los años de esta gestión.  Así, para el primer semestre de 2011, en Argentina las personas bajo la línea de pobreza se redujeron al 8,3%, mientras que las personas bajo la línea de indigencia se redujeron a un 2,4%. 

De esta manera, tomando como referencia los compromisos asumidos en el marco de las Metas de Desarrollo del Milenio, se superó mucho antes de 2015 la meta de reducir la pobreza a menos del 20%. Si se consideran los 7 años y medio transcurrido, desde el segundo semestre de 2003, hasta el primer semestre de 2011, la pobreza se redujo en un 82,6%, mientras que la indigencia se redujo en un 88,3%.

Respecto del desempleo, la tasa de desocupación se mantuvo por debajo del 10% por diecisiete trimestres consecutivos, alcanzando, en el cuarto trimestre de 2011, el  6,7%, constituyéndose en el nivel de empleo más alto registrado en los últimos 30 años.

A partir del actual modelo de acumulación orientado hacia la producción y el trabajo, se recuperaron todos los indicadores sociales sobre pobreza, desigualdad y distribución del ingreso, experimentando un cambio positivo en los últimos años.

Estos datos son claros ejemplos de la puesta en práctica del círculo virtuoso entre las políticas sociales integrales, el empleo y la distribución del ingreso.

Reducir aún más la pobreza y la indigencia es el gran desafío del presente y del futuro.  Una decisión política que no admite pausas y que va dando resultados positivos.  La generación de trabajo asociado a través de cooperativas y la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, ha provocado un cambio sustantivo en los niveles de estos flagelos.

En materia de equidad distributiva, el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar, que mide la desigualdad en la distribución, pasó de 0.447 en el primer trimestre de 2010 a 0.434 en el mismo período de 2011.  Esta mejora fue posible gracias a importante incremento en los ingresos laborales producto de las negociaciones colectivas y al descenso del desempleo, junto con las mejoras en la calidad del empleo.  En este contexto, el índice de Salarios creció un 26.5% anual en 2010 y el desempleo disminuyó en 0.9 puntos porcentuales.  Asimismo, la implementación de la Asignación Universal por Hijo ha sido un factor fundamental para disminuir la desigualdad.

No es vano reiterar una vez más que desde nuestro Ministerio, dos son los ejes centrales que guían nuestras acciones: Trabajo y Familia.  Hay que resignificar al trabajo en su dimensión de “dignidad”.  No es lo mismo tener trabajo que sobrevivir de una renta precaria.  Es mucho más que un simple problema de distribución con justicia.  Se trata de la identidad de las personas, del compromiso con uno mismo y con la sociedad.  Se trata de la participación popular en la construcción de un modelo de país más justo y equitativo, asegurando el compromiso intergeneracional, por eso la mejor política social es el trabajo.

La Integración social significa la plena participación de las familias en el proyecto nacional del país en el que habitan; donde ese proyecto nacional -para ser realmente inclusivo e integrador- debe contemplar el propio proyecto personal y el de la comunidad inmediata en el que esa familia se halla inserta.  La familia desempeña un rol fundamental en la implementación de las políticas públicas orientadas a promover la integración social., la protección de los derechos, el desarrollo pleno de todos sus miembros y la inclusión social.

En ello es que radica lo fundamental de la participación de los propios sujetos de derecho – no ya beneficiarios- en las políticas, este construir desde una gestión asociada de lo público con lo privado, verdadera construcción colectiva de las políticas sociales que, entendidas de esta manera constituyen la integración social misma.  Es una dialéctica constante de asumir y transformar, donde lo público construye las políticas a través de la realidad vivida por las comunidades en el territorio quienes asimismo, a través de su participación, co-gestiona con el Estado, la ejecución de las mismas en su propio espacio territorial.

Nuestro país fue testigo y víctima de décadas de dictadura por parte de un mercado que en ocasiones travistiéndose de Estado (tanto en gobiernos de derecho como en los de facto) saqueó y destruyó, a través de políticas económicas rapaces que solo eran pensadas en función de los grupos económicos transnacionalizados o sus socios, derechos, libertades, esperanzas, proyectos, dignidades y valores, rompiéndose el tejido social, fracturándose la gestión territorial por el poco apoyo nacional, sumiendo al país en una verdadera catástrofe institucional, social y económica.  En este escenario, cada territorio hizo lo que pudo, pero se perdió el proyecto colectivo.

Por ello sostenemos que la integración social guarda una relación estrecha con los derechos humanos fundamentales.  Aún en una sociedad formalmente democrática, bajo un Estado de Derecho, si el Proyecto Nacional y el modelo de acumulación es expulsivo y excluyente de una parte de la sociedad, no podemos hablar de que ese Estado es respetuoso de los Derechos Humanos. Por lo que la aplicación de políticas públicas que a sabiendas o no generen exclusión, constituyen una flagrante violación de los derechos humanos.

Así como los derechos humanos deben ser vistos en su integralidad, es decir, más allá de incluir los derechos políticos, sociales, culturales, económicos, etc., su valoración debe hacerse como un todo, la consideración de la inclusión social no puede ponderarse sin considerar dentro de ella, la inclusión económica, cultural, política, de género, etc.

Un postulado que es necesario dejar claramente sentado y que se debe erradicar del discurso político es el que la inclusión, en cualquiera de sus facetas depende de un crecimiento económico sólido.  Obviamente que una economía robusta crea condiciones propicias a la inclusión pero, la experiencia neoliberal nos ha mostrado que un crecimiento económico superlativo, no solo no propició la inclusión, sino que generó una vergonzosa exclusión de una gran parte de la población.

La protección social, traducida en términos de políticas públicas de tipo asistenciales, constituyen un derecho inalienable de toda persona, un derecho humano fundamental y una responsabilidad indelegable del Estado.  Sin embargo una verdadera política de integración e inclusión social no puede sostenerse sólo en acciones de protección y asistencia, esto solo constituye un paliativo transitorio a situaciones de vulnerabilidad y exclusión; la apuesta debe estar puesta en la promoción y el desarrollo social integral de la familia. 

Asistiendo y protegiendo, si definitivamente cuando es necesario y en el primer abordaje, pero acompañado de acciones de promoción, que fortalezcan, empoderen, capaciten y finalmente independicen a esa persona de la tutela del Estado (sin que ello signifique una evasión por parte del Estado de sus responsabilidades), de manera de hacer nacer en esa persona o familia vulnerable, un verdadero sujeto de derecho, con plena conciencia de esa condición y con capacidad de hacer valer esa subjetividad.

De esta forma, la Integración Social se transforma en sustentable a partir de intervenciones sociales promotoras de ello acompañadas por un marco normativo adecuado que crea institucionalidad y permite, por lo tanto, la construcción de verdaderas Políticas de Estado.

Para ir concluyendo, no podemos dejar de mencionar el momento de incertidumbre y de cambio estructural por el que está pasando el mundo desde el 2008.  El quiebre de aquella falacia del neoliberalismo que pauperizó a nuestros pueblos en los 90’s y nos hizo caer a los peores niveles de pobreza e iniquidad a principios del actual siglo ha llegado a las naciones industrializadas, muchas de las cuales fueron los principales promotores de esas medidas en nuestros países.

La tormenta financiera de la que el mundo, en muchos casos, aún no ha podido empezar a recuperarse, pone de manifiesto la crisis de un modelo que ha privilegiado el capital financiero, por sobre la producción; al Mercado por sobre la Persona.

El desplome de los mercados globales demostró –con la crueldad propia de las catástrofes profetizadas pero desestimadas- que aquello que denunciábamos al iniciar nuestra gestión de gobierno en el 2003, de la trampa del neo-liberalismo y la falacia de la “teoría del derrame” –que gran parte del mundo se afanó en sostener-, eran fundadas, y nuestras políticas para contrarrestar sus consecuencias, no eran erráticas.

Ante esta situación, nuestro país, consustanciado con las palabras de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998, cuando sostuvo que el gran puente estratégico para abordar la cuestión de la pobreza es el aumento de las oportunidades de empleo,  puso en marcha una serie de iniciativas socioeconómicas en el entendimiento que la mejor política social es el empleo. El trabajo dignifica la condición humana, porque genera ingresos y mejora la calidad de vida de las familias.

Sin embargo, toda crisis siempre plantea una oportunidad, la posibilidad de realizar un verdadero cambio de paradigma, asumiendo plenamente que el crecimiento y el desarrollo económico sin justicia social, sin distribución del ingreso y sin propender al desarrollo integral de los países es inútil.

En este sentido y a efectos de mitigar y contrarrestar los efectos negativos de la crisis desde esta gestión de gobierno se han tomado medidas anticrisis sobre la base de fomentar la sostenibilidad del empleo estimulando la economía doméstica y generando toda una serie de medidas de contención que protejan  a la familia  y a la producción.

 Estas políticas permitieron generar procesos de autogestión popular.  Muestra de ello lo constituye el Programa de Ingreso Social con Trabajo, en la línea de “Argentina Trabaja”, que busca reincorporar al trabajo, los valores de la solidaridad, la democracia y la justa redistribución de los ingresos entre los trabajadores que forman parte de las cooperativas de trabajo.

Las políticas emprendidas, tuvieron como objetivo principal el sostenimiento del nivel de empleo, pero a sabiendas que el mismo solo era posible con acciones tendientes a fortalecer el sector productivo y, asimismo, el consumo, todo lo cual sostenido con un fortalecimiento de los recursos disponibles para emprenderlas.

Estamos instrumentando políticas Sociales de segunda generación, que priorizan acciones de promoción y desarrollo y buscan profundizar el proceso de integración social.  Se persigue con ello transitar definitivamente en la instrumentación de políticas públicas que, con el desarrollo de la economía social, profundicen el proyecto nacional y popular y avancemos en una mayor distribución de la riqueza para los argentinos

Solo un Estado presente, activo, promotor y creador es capaz de producir el cambio social y distribuir los recursos sobre la base del bien común. No hablamos de excluir a las fuerzas del mercado, pero sí de un Estado que, ejerciendo de manera efectiva las funciones que le competen y en beneficio de toda la comunidad, no actúe como “muleta” de las “externalidades negativas” del mercado o como simple gestor de intereses privados.

Finalmente, hoy podemos decir que hemos aprendido que las situaciones naturalizadas no son tales, que no hay realidades irreversibles, que la voluntad y el compromiso de los pueblos por asumir su destino y consagrar su bienestar – que les fue negado durante tanto tiempo-, es una fuerza que vence cualquier poderosa receta.  La creatividad, el esfuerzo y los saberes de cada nación construirán su propio destino.  No hay formulas ni pensamientos mágicos, nuestro camino consiste en seguir trabajando para transformar una realidad que sigue siendo dolorosa, sabiendo que es nuestra responsabilidad modificarla.

Sabemos que aún resta mucho trabajo por hacer, convencidos que el éxito sólo podrá ser alcanzado en la medida en que podamos conjugar y aunar las fuerzas de todos los sectores de la sociedad.  

Nuestra apuesta no se limita a la simple atenuación de las consecuencias de la pobreza o a la reducción de un frío índice impersonal; nuestro desafío consiste en construir un país sin familias excluidas.  Este es nuestro proyecto colectivo, nuestra utopía que se construye y se hace realidad día a día con y para cada uno de los argentinos y argentinas.