Intervención del Representante Permanente de la República Argentina, Embajador Martín García Moritán

28 de septiembre

 

Señor Presidente,

 

La Argentina considera que la lucha contra la trata de personas y la lucha contra el trabajo forzoso debe ser holística, ya que incluye a una multiplicidad de actores a distintos niveles, y debe darse en el marco de la defensa y promoción de los derechos humanos.

 

Esto se ve reflejado en las políticas de la Argentina para abordar el delito de trata y la asistencia a sus víctimas. La prevención de este delito no puede darse sin garantizar una sociedad inclusiva.

 

Por lo tanto, a partir de la ratificación del Presidente Mauricio Macri del compromiso de su Gobierno con la Agenda 2030, la Argentina inició la adaptación de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al contexto nacional. Se adoptó un enfoque que se caracterizó por ser políticamente orientado por las prioridades nacionales, a lo que se sumó la inclusión transversal del enfoque de género, la perspectiva de derechos y la inclusión de las poblaciones vulnerables y del ciclo de vida.

 

Es por ello que desde diciembre de 2015 se ha puesto particular énfasis en promover la agenda de género, en concordancia con el ODS N° 5, desde un enfoque multisectorial, transversal y federal. Es prioridad para el gobierno nacional trabajar en el empoderamiento integral de las mujeres, especialmente aquellas que enfrentan situaciones de violencia.

 

La igualdad de género constituye uno de los objetivos primordiales de la Agenda de Gobierno y el empoderamiento integral de las mujeres es política de Estado. Creamos el Plan Nacional de Acción para terminar con la violencia contra las mujeres, en todas sus formas. Estamos trabajando con un enfoque transversal para que la mujer tenga las mismas oportunidades que los hombres, en la vida social, política, económica y cultural del país.

 

Para la Argentina el Plan de Acción Global de las Naciones Unidas contra la trata de personas es una herramienta fundamental de trabajo para la implementación de las políticas públicas. La Argentina mantiene un fuerte compromiso en la lucha contra la trata de personas, la forma más extrema de violencia, comprometiéndose a nivel multilateral e impulsando políticas nacionales para eliminar dicho delito en nuestro país.

 

En este sentido el ámbito nacional la Argentina ratificó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en el año 2002.

 

En el año 2008, dando cumplimiento a los compromisos asumidos se sancionó la Ley contra la trata de personas, modificada luego en 2012.

 

A raíz de ello, en 2013 se creó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Asimismo, en julio de 2016 se creó el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata con la función de diseñar la estrategia federal de combate a la trata y explotación de personas.

 

Desde un enfoque de derechos humanos se protege la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas.  Asimismo se han adoptado medidas con miras a velar por la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, en particular mediante el suministro de alojamiento adecuado; asesoramiento e información en un idioma que las víctimas puedan comprender, en particular con respecto a sus derechos jurídicos; asistencia médica, psicológica y material. Asimismo el Estado procura brindarles oportunidades de empleo, educación y capacitación adecuada accesible a los requerimientos especiales de las víctimas sean estas nacionales o extranjeras.

 

El Estado busca promover la reinserción de las víctimas de trata y explotación laboral en la sociedad, así como promover el trabajo digno, y generar mecanismos de cooperación con el sector privado, a los fines de evitar la repetición de este delito. El objetivo es evitar la vulneración de derechos de las víctimas y evitar su re victimización, en todas las etapas del proceso.

 

La Argentina garantiza a las víctimas extranjeras de los delitos de trata permanecer en el país, si así lo decidiere, en caso de corresponder, formalizar una petición de refugio o retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare.  Además, la ley contra la Trata contempla la NO PUNIBILIDAD de las víctimas.

 

A los fines de detectar y prevenir posibles situaciones de Trata de Personas, en la República Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró -conjuntamente con la Dirección Nacional de Migraciones- el “Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos”. Asimismo, el Ministerio de Seguridad cuenta con una Secretaría de Fronteras, la cual tiene como objeto presencia efectiva del Estado Nacional en todas las zonas de fronteras.

 

En el ámbito del Mercosur también se ha venido trabajando en la temática y, a partir del trabajo de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR se cuenta con una Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos el cual ha sido ratificado por sus países miembros y se ha llevado adelante en los puntos de fronteras una Campaña de visibilización de este delito, titulada “MERCOSUR Libre de Trata”.

 

La Argentina está comprometida en su lucha contra la delincuencia organizada transnacional también desde el establecimiento de un régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, o de otros órganos que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero. El régimen exige la identificación del cliente; llevar registros; y la denuncia de las transacciones sospechosas.

 

Por último cabe resaltar que nuestro país también otorga gran importancia a la prevención y sanción de este delito en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz. Y para ello se trabaja intensamente en la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad en la capacitación del personal a desplegar. Así, el Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas adoptan los instrumentos prácticos de instrucción que brindan las Naciones Unidas para que el personal de mantenimiento de la paz aplique esta mirada en su trabajo diario de manera eficiente, de acuerdo con los lineamientos de dicha organización internacional.

 

La República Argentina concibe la trata de personas como una compleja y muy seria forma de explotación y abuso que viola los Derechos Humanos, sobre la cual debe haber siempre Tolerancia Cero.

 

Muchas gracias.