Intervención de la Representante Permanente de la República Argentina, Embajadora María del Carmen Squeff

19 de octubre

 

Señor Presidente,

En primer lugar, permítame  agradecer  el  Informe  del  Secretario  General relativo  a  las  actividades  de  las  Naciones  Unidas  en  materia  de  estado  de derecho (A/75/284), que da cuenta de la labor de la organización en apoyo de la consolidación del estado de derecho, destacando en especial, la asistencia brindada  en el contexto sin precedentes de la pandemia del COVID-19.

Señor Presidente,

La corrupción es uno de los principales obstáculos para alcanzar el desarrollo sostenible: reduce la eficiencia y aumenta la desigualdad; socava el buen gobierno, erosiona la confianza que la gente deposita en las instituciones públicas, corroe la toma de decisiones y facilita el crimen organizado.

El impacto político, económico y social de la corrupción se encuentra fuera de discusión. La corrupción afecta de forma dramática los derechos de las personas e incide de manera profundamente negativa en las relaciones económicas. Indudablemente, la  corrupción, especialmente la que se produce a gran escala, genera injusticia y desigualdad a partir de la generación de beneficios ilegítimos para unos pocos a expensas de la mayoría de la sociedad.

A 17 años de la adopción del único instrumento universal en la materia, la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC), la Argentina celebra la realización de este debate en el seno de la Sexta Comisión, que nos permitirá  reafirmar el compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra este flagelo e instar a la efectiva implementación de sus mandatos, identificando aquellos desafíos encontrados desde su entrada en vigor.

La lucha contra la corrupción requiere de un abordaje múltiple y sincronizado: para prevenirla, sancionarla y recuperar el producto del delito. En este sentido, desde un punto de vista sustancial, el seguimiento de la estructura de la UNCAC en el formato de la Declaración Política que se encuentra actualmente en negociación bajo los auspicios de la Conferencia de Estados Parte de la UNCAC, constituye la mejor manera de proponer medidas concretas para cada uno de los ejes temáticos de conformidad con lo establecido por la Resolución N°73/191 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Señor Presidente,

En el plano nacional, la Argentina ha trabajado arduamente en el desarrollo de políticas y prácticas de prevención de la corrupción. La Oficina Anticorrupción, agencia técnica especializada en la materia, ha sido jerarquizada en cuanto a su posición institucional, al ser dotada de rango ministerial. El foco de su gestión se basa en la prevención de la corrupción, posicionándose como organismo de consulta y referencia para la implementación de políticas de transparencia y en la construcción transversal de una gestión transparente y participativa. En este sentido, la transversalización de la transparencia en todo el Estado Nacional surgió como uno de los objetivos fundamentales de la Oficina, para instalarla como un compromiso en las decisiones y en las acciones que afecten los recursos públicos.

Como parte de dichos esfuerzos en la lucha contra la corrupción, destacamos algunas iniciativas nacionales como la federalización de las políticas de integridad para promover la creación de políticas públicas vinculadas a la transparencia en el ámbito provincial y municipal, ofreciendo herramientas de capacitación y asistencia técnica con el apoyo del PNUD y la cooperación entre los distintos organismos estatales para la implementación y consolidación de políticas de transparencia en la Administración Pública Nacional.

Asimismo, se han elaborado recomendaciones para fortalecer la integridad y la transparencia de las contrataciones públicas celebradas en el marco de la emergencia por el COVID-19 y se han publicado Guías para la Creación y Fortalecimiento de las Áreas de Integridad y Transparencia en Jurisdicciones Nacionales, Provinciales y Municipales. Ello ha facilitado el diseño y la implementación de una política integral de transparencia en el ámbito nacional, provincial y municipal.

Finalmente, también deseamos resaltar el Plan Nacional Anticorrupción, que constituye una planificación coordinada y estratégica de las políticas públicas en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, en línea con las obligaciones internacionales asumidas contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero, en el marco de la ONU, la OEA y la OCDE.

Para concluir, la Argentina quisiera destacar que el fortalecimiento del estado de derecho a nivel nacional e internacional es una obligación de todos los Estados miembros y es esencial para lograr un crecimiento económico sostenido e inclusivo, alcanzar un desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza así como también  la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Únicamente trabajando juntos y vigorizando el diálogo entre todos los actores pertinentes lograremos concretar  los compromisos acordados.

 

Muchas gracias.